La pérdida de habitantes que comenzó a registrar Río Grande constituye, para Leonardo Pérez Bustos, una consecuencia visible de un deterioro económico que primero afectó al empleo y posteriormente empezó a trasladarse a la estructura demográfica. El director de Neo Delfos vincula el fenómeno principalmente con la crisis industrial y advierte que la salida de familias jóvenes puede producir efectos que exceden ampliamente la reducción numérica de la población.
En ((La 97)) Radio Fueguina, Pérez Bustos explicó que el seguimiento del nuevo tablero dinámico del Renaper permitió detectar inicialmente el cambio de tendencia, pero sostuvo que el dato adquiere relevancia cuando se lo relaciona con el escenario laboral: “El factor predominante está fuertemente vinculado a la crisis que afecta a la industria y que particularmente tiene un importante peso relativo en la economía de Río Grande”, señaló.
La ciudad alcanzó un máximo de 103.191 habitantes en 2024 y desde entonces acumula una pérdida formal de 1.750. Sin embargo, el especialista considera que existe un retraso entre la partida efectiva y el cambio administrativo de domicilio, por lo cual “Río Grande debería estar teniendo aproximadamente 3.000 habitantes menos”, y proyectó que “posiblemente hacia el año próximo en términos reales podríamos tener una caída de una totalidad de 5.000 habitantes menos”.
Para Pérez Bustos, la explicación debe buscarse principalmente en la relación entre empleo y capacidad de permanencia. Tierra del Fuego perdió, según las estadísticas laborales analizadas por la consultora, 14.021 trabajadores registrados durante los últimos dos años y medio. Al dimensionar ese retroceso, remarcó: “Es muchísimo, no hay capacidad para reabsorber”, y planteó que buena parte del impacto se concentra en Río Grande porque allí se encuentra el 80% del entramado productivo industrial provincial.
La pérdida del trabajo inicia, según describió, un proceso que no necesariamente termina inmediatamente en una mudanza. Una familia primero intenta sostenerse: “Ya se ve imposibilitado de poder asumir los compromisos económicos, comienza a endeudarse, comienza a ser asistido por su familia, eventualmente por algún vecino o por algún ex compañero de trabajo”. Con el paso del tiempo, agregó, “ya la imposibilidad de hacer frente a la presencia material en una provincia como la nuestra” puede convertir la emigración en una alternativa.
El análisis por edades refuerza esa interpretación. Quienes están dejando Río Grande presentan “un perfil muy característico, son jóvenes, parejas jóvenes, hombres y mujeres de 20 a 34 años de edad, con criaturas chicas que van de 5 años a los 10-14 años aproximadamente”.
La comparación con Ushuaia aporta otro elemento al análisis. Mientras Río Grande retrocede, la capital provincial sumó 1.188 habitantes desde 2024. Pérez Bustos atribuyó parte de la diferencia a que Ushuaia posee “una economía más diversificada, con centro en la actividad turística”, además de concentrar buena parte de la administración pública y un sistema de servicios asociado a ambas actividades.
El especialista no espera una reversión rápida del escenario mientras permanezcan las actuales condiciones económicas. “No hay ninguna política destinada al estímulo de la industria y mucho menos a su protección”, evaluó, para concluir que “la tendencia que estamos registrando es que se va a seguir acentuando, lamentablemente”.
Las consecuencias, además, comenzarán a trasladarse hacia la planificación pública. Pérez Bustos estimó que “cerca del 70% de la población de Río Grande tiene una concentración que va de los 30 a los 50 años aproximadamente”, junto con “un debilitamiento muy fuerte producto de la caída de la natalidad en las estructuras más bajas de la pirámide demográfica”.
La combinación de menor natalidad y salida de familias jóvenes puede alterar rápidamente las necesidades de la ciudad. “Eso eventualmente va a tener un fuerte impacto en la matrícula de estudiantes en jardín, eventualmente en primaria, secundaria, etc.”, advirtió.
Para Leonardo Pérez Bustos, el nuevo escenario obligará también a revisar las políticas de salud y educación y convierte los indicadores demográficos en “datos importantes para repensar y rediseñar la política pública en relación a la demanda que va cambiando”.
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