Proponen nuevos impuestos para que el Gobierno financie la educación

El Sindicato Único de la Educación Fueguina (SUTEF) presentó la semana pasada un anteproyecto titulado Ley de Financiación Básica del Sistema Educativo Provincial a la Legislatura. La propuesta, firmada por Amelia Torres, secretaria de administración y actas del SUTEF, fue ingresada como asunto particular el 7 de octubre.

El SUTEF plantea la reasignación de partidas presupuestarias y la creación de nuevos recursos a través de:

Un 3% adicional sobre servicios no residenciales en tierras improductivas.
Un 1% anual sobre el valor de bienes inmuebles improductivos sin operaciones en el año anterior.
Un 3% adicional sobre servicios de navegación.
Un 3% adicional sobre actividades extractivas de hidrocarburos.
Un 3% adicional sobre servicios relacionados con la caza y la pesca.

Estos fondos se destinarían exclusivamente a una cuenta especial administrada por el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego, sin coparticipación a los municipios, hasta que se establezca el Consejo Provincial de Educación.

El proyecto busca establecer parámetros claros para determinar los recursos que el Estado provincial debe destinar a la educación. También propone asegurar una financiación sostenible y justa.

La financiación básica se definiría como un procedimiento previo a la sanción de la ley de presupuesto, exigiendo que el proyecto presupuestario del Poder Ejecutivo incluya:

Detalles de los establecimientos educativos y su distribución por niveles.
Información sobre la cantidad de alumnos y vacantes no cubiertas.
Datos sobre la cantidad de docentes activos y su situación laboral.

El proyecto establece que el presupuesto debe garantizar la remuneración de un docente testigo, equivalente a 21 horas cátedra, asegurando que supere el valor de la canasta básica. También contempla un crecimiento del personal docente acorde al incremento de alumnos y la inversión necesaria para garantizar el acceso igualitario a la educación y nuevas tecnologías.

Por último, se requiere un presupuesto para el mantenimiento y mejora de las instituciones educativas, así como la construcción de nuevos edificios para aumentar las vacantes en un 5% anual.