La controversia desatada a partir de la necesidad de realizar una sesión en la Cámara de Diputados ha enfrentado a legisladores de distintos bloques, al extremo de que la fueguina Mabel Caparrós amenazó con llevar el tema a la Justicia.
Siempre en el marco de la cuarentena impuesta en el país para frenar la pandemia de coronavirus, la disyuntiva fluctúa entre la idea del presidente de la Cámara, Sergio Massa de recurrir al formato de teleconferencia y la exigencia del bloque macrista que prefiere una sesión presencial.
Sergio Massa envió ayer a los legisladores el plan de sesión virtual, las medidas de seguridad y un borrador con modificaciones al reglamento. A modo de rechazo, y tras reunirse durante una hora vía teleconferencia, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica acordaron un texto común y pidieron una sesión presencial para la semana próxima con temario a consensuar entre todas las fuerzas.
Para mostrar la predisposición a participar físicamente de una sesión, Mario Negri, jefe del bloque radical, avisó que viajará desde Córdoba a Buenos Aires en los próximos días y se instalará en Capital Federal. Su par del PRO, Cristian Ritondo, y su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, no tienen esa necesidad (representan a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires respectivamente) mientras que Alfredo Cornejo, diputado y presidente del Comité Nacional de la UCR vive en Mendoza, provincia donde quien regrese de otro distrito, debe guardar cuarentena.
Ninguno de ellos reparó en las dificultades de traslado que enfrentan quienes deban viajar desde provincias más alejadas, planteo que tomó a su cargo Mabel Caparros, quien se encuentra cumpliendo con la cuarentena en Tierra del Fuego.
La legisladora del Frente para la Victoria hizo su descargo en twitter, con un extenso texto en el que expone sus razones para oponerse a la sesión presencial y amenaza con recurrir a la Justicia si se opta por tal variante.
Dirigiéndose taxativamente a @marionegri, la legisladora fueguina expresa que “Frente a la solicitud del Presidente del Bloque de Cambiemos de realizar una sesión presencial en la Cámara de Diputados, me veré obligada a presentarme ante la justicia dado que por encontrarme cumpliendo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por DNU N° 297/PEN/20 en una Provincia insular -ubicada a 3.000 km de CABA-, en una ciudad sin conectividad aérea y por ser mayor de sesenta años y por ello, pertenecer a un grupo de riesgo en el actual contexto de pandemia, entiendo que de procederse del modo requerido se estaría cercenando mi derecho a sesionar como Diputada de la Nación”.
“En el marco señalado –continúa el descargo- le recuerdo al Sr. Diputado que tanto la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga a los Estados firmantes (entre los que se encuentra la República Argentina que la ha ratificado por vía de la Ley 27.360 durante la gestión del Presidente Macri) a promover políticas laborales dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la persona mayor (grupo al cual ambos pertenecemos), manda que debe analizarse, sin dudas, al amparo de la recomendación dada en fecha reciente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha sugerido que en épocas de pandemia debe promoverse la organización de trabajo remoto o teletrabajo”.
“El Congreso de la Nación debe ser garante de participación democrática y no verdugo de libertad de participación”, termina alertando la Diputada de Tierra del Fuego.
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