La inspección ambiental anual del puerto de Ushuaia permanece pendiente. Los equipos provinciales intentaron ingresar en tres oportunidades, pero la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) no permitió que realizaran el control. Para el Ministerio de Producción y Ambiente, el desacuerdo gira en torno a una facultad que la Provincia sostiene que conserva pese al cambio en la administración portuaria.
Francisco Devita, titular de la cartera, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que la Secretaría de Ambiente venía realizando esas tareas sin problemas antes de la intervención. “En varias oportunidades hemos trabajado con la Dirección Provincial de Puertos cuando no estaba intervenida administrativamente”, recordó. Durante las visitas, el personal observaba la gestión de residuos, el trabajo de los operadores y las condiciones necesarias para emitir el certificado ambiental.
El procedimiento de este año comenzó con una autorización de la Dirección Provincial de Puertos. Sin embargo, al presentarse en el lugar, los inspectores recibieron la indicación de escribir a la ANPyN. El correo fue enviado y el segundo intento de ingreso tampoco prosperó. Luego, el ministerio remitió una nota para explicar el fundamento legal de la inspección y las tareas que buscaba cumplir.
La respuesta de la agencia nacional, según relató Devita, indicó que faltaba adjuntar la normativa mencionada. El ministro señaló que se trata de disposiciones provinciales publicadas oficialmente y afirmó que el equipo legal trabaja en una ampliación del pedido. Sobre el alcance de la intervención, sostuvo que deben respetarse “las facultades concurrentes en materia local”, por lo que la Provincia mantiene su reclamo de acceso.
El control no se limita a recibir información sobre los operadores habilitados para retirar residuos peligrosos. También requiere verificar en el lugar cómo se gestionan y revisar otros aspectos vinculados con la seguridad ambiental. “Necesariamente debemos ingresar para poder observar las cuestiones que hacen a la materia, a la seguridad ambiental”, expresó Devita, quien insistió en que el propósito es comprobar el cumplimiento de la normativa.
Estas inspecciones se realizan, como mínimo, una vez al año, en relación con la tramitación del certificado ambiental. La presentación de declaraciones juradas y documentación es seguida por una visita técnica. Si se detectan faltantes o desvíos, se labran actas y pueden requerirse correcciones. El ministro aclaró que eso también ocurría antes de la intervención: “Muchas veces sucede que inicialmente no está todo en condiciones, entonces armas un plan de adecuación ambiental”.
A la discusión sobre las competencias se suma un cuestionamiento al modo en que fue comunicada la negativa. Devita afirmó que la ANPyN “debe notificarnos por acto administrativo y verdaderamente no fuimos notificados por acto administrativo”.
El Ministerio reúne los antecedentes en un expediente y evalúa los pasos siguientes, aunque por ahora insiste en una solución administrativa. “Nosotros igualmente seguimos insistiendo con caminos administrativos porque sería muy fuerte tener que acudir a la justicia para poder ingresar a cumplir una función establecida por la normativa de nuestra provincia”, planteó finalmente el ministro Francisco Devita.
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