Hay operaciones mediáticas estridentes y otras bastante más sofisticadas. Estas últimas no necesitan titulares escandalosos ni consignas explícitas. Alcanza con instalar simultáneamente una idea desde diferentes columnas, repetir determinados conceptos centralistas y presentar como anomalía aquello que, observado desde otro lugar del país, también puede interpretarse como parte del equilibrio federal.
En los últimos días, una llamativa sucesión de artículos de opinión comenzó a hablar del malapportionment, expresión académica utilizada para describir la desproporción entre población y representación legislativa. La agencia Noticias Argentinas publicó prácticamente en simultáneo al menos seis columnas dedicadas al asunto, algunas posteriormente reproducidas por medios del interior.
El argumento central se repite: las provincias menos pobladas están sobrerrepresentadas en Diputados y Buenos Aires, fundamentalmente, está subrepresentada.
La afirmación más impactante asegura con cierto sesgo delirante, que el voto de un fueguino “vale” 6,5 veces más que el de un bonaerense. La comparación surge de dividir la población por las bancas: Tierra del Fuego tiene cinco diputados para poco más de 190.000 habitantes y Buenos Aires, 70 para más de 17,5 millones. Matemáticamente, la diferencia existe. Convertir esa división en el supuesto “valor” democrático del voto ya constituye una falaz interpretación política.
Cultores de esa teoría del desequilibrio representativo son políticos y opinadores reconocidos como de fuerte tendencia centralista y de profundo desprecio por el interior, como Margarita Stolbizer, quien, desde su sillón en el centro porteño, jamás respondió a los cuestionamientos por una formación ilegítima de su partido en Tierra del Fuego.
El comienzo del problema
Argentina no es solamente una población distribuida dentro de un territorio. Es una Nación federal constituida por provincias extraordinariamente desiguales en población, extensión, recursos, infraestructura y poder económico.
La Ley 22.847 establece un piso de cinco diputados por distrito precisamente dentro de un sistema que procura evitar que la representación de las jurisdicciones pequeñas resulte insignificante frente a las grandes concentraciones demográficas.
Esa distribución democrática resulta ser un blindaje federalista que indigna al centralismo de las grandes urbes y a los políticos que limitan su actuación a las cien manzanas que rodean la Casa Rosada y el Congreso Nacional.
La norma, ciertamente, fue dictada en 1983 por el último gobierno militar y nadie niega que merece una discusión democrática después de 43 años. Pero discutirla no obliga a aceptar que proteger una representación mínima provincial sea una aberración.
Mucho menos que un fueguino tenga seis votos mientras un bonaerense tiene uno.
La Constitución ordena actualizar la representación después de cada censo y ese mandato lleva décadas incumplido. Ese es un problema institucional verdadero. Pero resulta llamativo que buena parte de la discusión desemboque rápidamente en aumentar diputados, es decir multiplicar el costo de la política.
Una de las fórmulas analizadas llevaría la Cámara de los actuales 257 miembros a 359. Incluso una de las columnas considera una “falacia” la preocupación por el incremento del gasto político y propone mecanismos virtuales para acomodar a los nuevos legisladores.
La concentración y el poder
Cabe entonces invertir la pregunta: ¿la Argentina necesita otros cien diputados o necesita discutir por qué cada vez más argentinos terminan concentrados alrededor de Buenos Aires?
Porque la representación política es consecuencia de un problema mucho más profundo: la distribución de la población.
Si Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa o tantas provincias periféricas tienen pocos habitantes, la respuesta federal no debería consistir solamente en disminuir su peso relativo o aumentar indefinidamente las bancas correspondientes a los territorios más poblados. También debería preguntarse por qué la Argentina no consigue poblar equilibradamente su inmenso territorio.
Tierra del Fuego comienza incluso a exhibir señales de decrecimiento poblacional, situación que muy probablemente ocurra en otras provincias alejadas de los grandes centros. Y este no es un fenómeno natural: es el resultado nefasto de las políticas diseñadas y dictadas desde Buenos Aires.
Mientras tanto, el país continúa acumulando población, infraestructura, actividad económica y demanda de servicios en la CABA y su gigantesca periferia.
Tal vez allí esté el malapportionment que menos se discute.
¿Por qué no promover industrias, empleo, universidades, conectividad e inversión en las provincias que necesitan población? ¿Por qué no utilizar la política fiscal, productiva y territorial para conseguir que vivir a 2.000 o 3.000 kilómetros de Buenos Aires sea una posibilidad económicamente competitiva?
Si la respuesta a cada nuevo censo consiste simplemente en otorgar mayor representación política a los lugares donde ya se concentra la población, el sistema termina premiando su propio desequilibrio. Más habitantes generan más diputados; más diputados, mayor capacidad de manejo; y mayor poder político refuerza territorios que ya concentran buena parte del poder económico.
Actualizar la representación constitucional es una discusión legítima. Presentar a las provincias pequeñas como privilegiadas que deben resignar poder para corregir una injusticia requiere bastante más cuidado.
Quizás antes de preguntarnos por qué Tierra del Fuego tiene cinco diputados deberíamos preguntarnos por qué, después de dos siglos, la Argentina continúa sin encontrar una política capaz de poblar, desarrollar y equilibrar verdaderamente su territorio.
El problema no es solamente cuánto vale un voto. Es cuánto vale, para la Argentina, vivir lejos de Buenos Aires.
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