Tierra del Fuego atraviesa uno de esos momentos en que los conflictos sectoriales dejan de ser sectoriales.
La educación pública padece su quinta semana consecutiva de paro por tiempo indeterminado y uno de los principales grupos industriales de la provincia mantiene abierto un enfrentamiento que compromete alrededor de 300 puestos laborales.
Dos actividades esenciales de la vida fueguina están sometidas simultáneamente a disputas prolongadas y, hasta ahora, ninguna de las partes involucradas demuestra capacidad suficiente para construir una salida.
El cuadro adquiere mayor gravedad porque ocurre sobre una economía que ya ofrece señales preocupantes. Río Grande, ciudad modelada históricamente por la llegada de trabajadores y familias, registró en los últimos dos años una impensada disminución de su población estable, quebrando una tendencia de crecimiento sostenido durante aproximadamente 130 años. El dato admite múltiples explicaciones, pero coincide con una realidad visible: empleos que desaparecen, familias que parten y una incertidumbre creciente sobre el futuro.
En ese escenario, la prolongación indefinida de los conflictos deja de ser una metodología de negociación para convertirse en parte del problema.
La dirigencia sindical tiene responsabilidades evidentes. Conducciones largamente ancladas en sus estructuras parecen encontrar mayores facilidades para administrar el enfrentamiento que para construir acuerdos. Cuando el conflicto se transforma en estado permanente, la herramienta gremial corre el riesgo de perder su finalidad: conseguir resultados concretos para los trabajadores que se supone defienden.
En educación, las consecuencias son particularmente graves. El SUTEF inicia una quinta semana consecutiva de paro luego de rechazar la última propuesta gubernamental. Reclama una recomposición que lleve el salario mínimo docente por encima de los tres millones de pesos, mayor inversión educativa y la devolución de los descuentos por las jornadas no trabajadas.
El reclamo salarial puede ser legítimo y la pérdida del poder adquisitivo, real. Pero ninguna reivindicación elimina otra realidad igualmente concreta: miles de estudiantes permanecen fuera de las aulas y las familias soportan una alteración cotidiana que golpea especialmente a quienes menos alternativas poseen.
El propio gobernador Gustavo Melella acusó recibo de ese impacto: “Cuando un docente hace paro, el perjudicado no es Gustavo Melella, el gobernador; son los papás y las mamás y, sobre todo, los que más sufren, de las clases populares, de los trabajadores, de la gente que se quedó sin trabajo”.
Cuando el conflicto se convierte en sistema
La crisis metalúrgica reproduce, con actores diferentes, una incapacidad semejante. Mirgor y la UOM tampoco logran alcanzar un acuerdo y la conciliación obligatoria debió extenderse otros cinco días hábiles, hasta el 7 de septiembre. En medio permanecen alrededor de 300 trabajadores cuyo futuro laboral continúa sometido a una negociación que se prolonga.
La empresa responsabiliza directamente al sindicato. Su CEO, José Luis Alonso, afirmó que la continuidad de los trabajadores “Depende de la UOM” y sostuvo que “el problema es que la UOM no entiende ninguna otra manera de negociar que no sea con el conflicto”.
Pero sería demasiado sencillo explicar semejante crisis exclusivamente por la conducta gremial. Las empresas tienen responsabilidades que no pueden esconder detrás de planillas de productividad, competitividad o rentabilidad.
Una industria sostenida durante décadas por un régimen promocional concebido precisamente para desarrollar Tierra del Fuego tiene obligaciones que exceden el balance contable. Los trabajadores no son una variable ajustable sin consecuencias y una decisión empresarial que afecta centenares de empleos repercute inmediatamente sobre comercios, alquileres, consumo y familias enteras.
Mirgor asegura que no pretende reducir salarios ni puestos laborales. Si ese compromiso existe, corresponde entonces convertirlo en un acuerdo capaz de ofrecer certidumbre, del mismo modo que corresponde a la representación sindical demostrar que defender derechos también significa preservar fuentes laborales y encontrar soluciones posibles.
Una provincia que paga la factura
Entre ambas crisis aparece también el Estado provincial. Su responsabilidad es diferente y probablemente menor que la de quienes protagonizan directamente los enfrentamientos, pero no inexistente. Gobernar también significa generar instrumentos políticos, laborales y económicos capaces de impedir que los conflictos lleguen al punto de paralizar actividades esenciales durante semanas.
La aparición en escena del Gobernador parece indicar que su ministro de Educación ya no sólo ha perdido el control de la situación sino que hasta su discurso aparece agotado y falto de convicción.
Melella admite la legitimidad del reclamo docente, pero sostiene que las posibilidades financieras encontraron un límite. “El Estado da lo máximo que tiene, no es que nos la guardamos y la regateamos. Es lo que hay”, afirma. El problema es que reconocer las restricciones tampoco resuelve una crisis educativa que sigue acumulando días sin clases. No hay creatividad, no hay camino nuevo para seguir.
Tierra del Fuego construyó durante décadas una identidad asociada al crecimiento. Recibía población, generaba empleo industrial, ampliaba ciudades y ofrecía oportunidades que atraían argentinos desde todos los puntos del país. Hoy, en cambio, aparecen síntomas de una peligrosa involución: familias que se marchan, incertidumbre laboral y estudiantes acumulando semanas sin escolaridad normal.
La responsabilidad no pertenece a un solo sector. Corresponde a dirigencias sindicales que deben demostrar que negociar es algo más que profundizar medidas de fuerza; a empresarios que necesitan comprender que una provincia no puede administrarse como una hoja de cálculo; y a un Gobierno obligado a encontrar herramientas más eficaces para acercar posiciones.
Mientras cada actor calcula cuánto puede resistir, hay una cuenta que ninguno parece incorporar suficientemente: cuánto puede resistir Tierra del Fuego. Porque sindicatos, empresas y gobiernos disputan intereses diferentes, pero la provincia que queda después de cada conflicto es una sola. Y cuando todos tensan la cuerda hasta el límite, quienes terminan pagando no están necesariamente sentados en ninguna mesa de negociación.
Sólo esperan, sufren y sobreviven como pueden a tanta intolerancia y tanta falta de ánimo para construir.
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