Por: Fernando Lapadula (*)
Escuchando las recientes declaraciones de Javier Milei sobre supuestos intentos de «golpe de Estado», uno no puede evitar preguntarse si todavía recordamos qué significa realmente esa expresión.
Argentina acaba de atravesar el cincuentenario del golpe militar de 1976. Somos una sociedad que conoce demasiado bien el significado de esa palabra. No la aprendimos en manuales universitarios ni en debates televisivos. La aprendimos con presidentes derrocados, congresos cerrados, jueces removidos, partidos políticos prohibidos, persecuciones, desaparecidos y miles de víctimas del terrorismo de Estado.
Por eso resulta preocupante que el Presidente de la Nación utilice con tanta liviandad una expresión que posee una enorme carga histórica, jurídica e institucional.
Según Milei, le intentaron hacer un golpe de Estado. Antes también se habló de golpe cuando hubo manifestaciones frente al Congreso. Se habló de golpe cuando hubo protestas sindicales. Se habló de golpe cuando sectores opositores cuestionaron decisiones del gobierno. La palabra aparece una y otra vez hasta vaciarse de contenido.
Pero las palabras importan.
Un golpe de Estado no es una protesta. Un golpe de Estado no es una huelga. Un golpe de Estado no es una movilización multitudinaria. Un golpe de Estado no es que la Justicia investigue. Un golpe de Estado no es que los mercados presionen.
Un golpe de Estado tampoco es una ley aprobada por el Congreso, un juicio político previsto por la Constitución o cualquier mecanismo institucional destinado a controlar al Poder Ejecutivo.
Un golpe de Estado es otra cosa.
Es la utilización del aparato coercitivo del Estado para desplazar por la fuerza a las autoridades constitucionales. Es la ruptura del orden legal desde adentro del propio Estado. Por eso los golpes históricos tuvieron siempre protagonistas reconocibles: fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, juntas militares o sectores estatales que rompieron la cadena constitucional de mando.
Sin ese elemento no hay golpe. Incluso en la hipótesis de autogolpe o golpe civil que plante algún historiados, contaron con el apoyo militar posterior. Sin una ruptura del orden constitucional desde el aparato estatal, difícilmente pueda hablarse de golpe de Estado
Puede haber una rebelión popular. Puede haber una insurrección. Puede haber una crisis política terminal. Puede haber un gobierno que pierda legitimidad social hasta volverse inviable. Puede incluso haber un reclamo masivo de renuncia presidencial. Incluso una puede haber revolución violenta como la francesa.
Nada de eso constituye por sí mismo un golpe de Estado.
Fernando de la Rúa no fue víctima de un golpe militar. Fue un presidente que perdió toda capacidad política para gobernar frente a una crisis social gigantesca. Cristina Fernández no sufrió un golpe durante el conflicto con el campo ni frente a la presión del “círculo rojo”. Mauricio Macri tampoco cuando enfrentó movilizaciones masivas. Javier Milei no es víctima de un golpe cuando miles de personas protestan contra sus políticas económicas. No los si algunos jueces deciden investigar. Tampoco si el congreso insiste con una ley vetada.
Confundir deliberadamente esos fenómenos no es un error conceptual. Es una estrategia política.
Porque cuando toda protesta pasa a ser «golpismo», entonces toda oposición se transforma en enemiga de la democracia. Cuando todo reclamo social se convierte en conspiración, cualquier intento de disciplinamiento puede justificarse como defensa institucional.
La consecuencia es peligrosa.
Se criminaliza el conflicto social. Se estigmatiza al opositor. Se transforma una diferencia política en una amenaza al Estado. Y al mismo tiempo se banaliza la verdadera tragedia histórica de los golpes argentinos.
Los golpes reales no fueron marchas. No fueron cacerolazos. No fueron cortes de ruta.
Fueron tanques. Fueron fusiles. Fueron militares ocupando la Casa Rosada. Fueron congresos cerrados y constituciones suspendidas.
Un país que sufrió eso debería ser particularmente cuidadoso con las palabras.
Porque llamar golpe de Estado a cualquier protesta no fortalece la democracia.
La degrada.
Y además le falta el respeto a la memoria de quienes padecieron los golpes de verdad.
(*) Fernando Lapadula: Abogado peronista. De trayectoria principalmente en el ámbito privado, ha sido autoridad del Colegio Público de Abogados y asesor en varias ocasiones en casas legislativas. Encarna un legado familiar con el compromiso por la equidad. Referente de Provincia Grande.
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