Tras un sumario administrativo iniciado en 2025, el Poder Ejecutivo confirmó la salida definitiva del urólogo Reynaldo Guido Torrez Mendoza, que cumplía funciones en el Hospital Regional Ushuaia. La resolución llega luego de que el médico agrediera física y verbalmente al director del hospital, Carlos Guglielmi, y quedó sellada este lunes a través del Decreto 1547/26, publicado en el Boletín Oficial y rubricado por la vicegobernadora Mónica Urquiza.
El texto oficial da por cerrada la instrucción del expediente y desestima el recurso de reconsideración que el propio Torrez Mendoza había presentado contra el Decreto 414/25, la norma que originalmente dispuso su cesantía. Según remarca el decreto, a lo largo del proceso se garantizó «el derecho a defensa siendo notificado en cada oportunidad procedimental para que formule descargo, aporte pruebas y obtenga copias de lo actuado». Aun así, el Gobierno fue tajante al calificar la conducta del profesional: sostuvo que no se ajustó «a la correcta conducta digna y decorosa que deben prestar los agentes públicos».
El médico había intentado revertir la sanción con varios argumentos: mencionó que ya cuenta con sentencia firme de sobreseimiento, cuestionó que no se ponderara la presentación tardía de sus certificados médicos y planteó que la cesantía —la sanción más dura del régimen disciplinario— lo dejaría sin poder cubrir necesidades básicas. También invocó que realiza tratamiento psicológico desde enero de 2025 y denunció que la medida vulnera su protección como delegado sindical. Sobre este último punto, la Dirección de Medicina del Trabajo Zona Sur había establecido, en el marco de su defensa, que el agente atraviesa un cuadro de adicción y se encuentra en proceso de rehabilitación.
Justamente por su actividad gremial, el decreto precisa que la aplicación de la sanción quedó en suspenso hasta que se resuelva la exclusión de su tutela sindical, un pedido que el Ministerio de Salud había elevado a la Fiscalía de Estado en 2025. De todos modos, al estar agotada la vía administrativa, la cesantía queda firme, aunque Torrez Mendoza todavía tiene la posibilidad de apelar por la vía judicial dentro de los próximos 90 días hábiles.
El conflicto se remonta a un episodio ocurrido mientras el urólogo cumplía guardia pasiva: fue llamado telefónicamente para atender a un paciente que, para cuando llegó, ya se había retirado. Eso, según relató el personal de guardia, lo irritó y lo llevó a responsabilizar a Guglielmi por mensaje interno. El director se acercó entonces a una confitería cercana a la guardia para hablar con él y lo encontró alterado y con fuerte olor a alcohol. Al cuestionarle que no podía presentarse a trabajar en esas condiciones, Torrez Mendoza reaccionó empujándolo y descargando tres golpes de puño en su cara y uno de sus brazos. Guglielmi buscó resguardarse dentro del hospital, pero su agresor lo siguió y llegó a romper a patadas y puñetazos la puerta de la guardia, mientras el policía apostado en el lugar y varios camilleros trataban de contenerlo.
El médico terminó detenido en flagrancia y recuperó la libertad al día siguiente, cuando el titular del Juzgado de Instrucción N.º 1, Javier Ignacio de Gamas Soler, lo citó a declarar. En paralelo, Guglielmi impulsó el sumario administrativo que finalmente derivó en la cesantía.
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