El intendente de Río Grande calificó como “preocupante” la presencia de personal militar de una potencia extranjera en territorio fueguino y reclamó al Gobierno nacional que informe con precisión bajo qué autorización ingresaron, qué actividades realizan y si el Congreso fue informado.
La presencia de personal militar estadounidense en Tierra del Fuego ya es un hecho y abrió un interrogante político e institucional que el Gobierno nacional deberá responder. El intendente de Río Grande, Martín Perez, se refirió al tema a través de sus redes sociales y reclamó explicaciones sobre el despliegue de efectivos de Estados Unidos en la provincia.
“La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”, expresó.
El planteo surgió luego de las publicaciones de Agenda Malvinas, que informó sobre una rotación de contingentes estadounidenses en unidades militares de Ushuaia. Según ese medio, grupos de entre 20 y 30 efectivos vinculados al Cuerpo de Marines y al Comando Sur de Estados Unidos desarrollarían actividades de adiestramiento junto al Batallón de Infantería de Marina Nº 4, además de desplazamientos por zonas de montaña, valles y glaciares.
También fueron difundidas imágenes de equipamiento militar estadounidense en el aeropuerto de Ushuaia.
El interrogante sobre la autorización
El planteo de Perez no cuestiona la existencia de cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos, que se desarrolla en distintos ejercicios internacionales. El punto que pone sobre la mesa es otro: qué tipo de presencia existe actualmente en Tierra del Fuego y bajo qué autorización se desarrolla.
La Constitución Nacional establece entre las atribuciones del Congreso la de permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio nacional. A su vez, la Ley 25.880 contempla un régimen específico y determinadas excepciones para actividades militares.
Por eso, el reclamo apunta a conocer el marco concreto de esta presencia: quién autorizó el ingreso, cuál es la misión de los efectivos, cuánto tiempo permanecerán en la provincia, qué instalaciones utilizan y qué actividades desarrollan.
Una cuestión que excede lo militar
La preocupación adquiere una dimensión particular por tratarse de Tierra del Fuego, un territorio estratégico para la Argentina por su ubicación frente al Atlántico Sur, su vinculación con la cuestión Malvinas y su posición como puerta de acceso a la Antártida.
En este contexto, Perez reclama que la presencia de personal militar extranjero no quede limitada a informes periodísticos, sino que exista información oficial y control institucional.
El intendente no afirmó que el despliegue sea ilegal. Su pedido es concreto: que el Gobierno nacional explique qué está ocurriendo y bajo qué marco fue autorizado. La pregunta que queda planteada es, entonces, quién autorizó la presencia, cuál es su alcance y si se cumplieron los mecanismos institucionales previstos por la legislación argentina.
Para Perez, en un territorio donde la soberanía constituye una cuestión central, conocer quién ingresa, para qué y bajo qué autorización no es un detalle administrativo: es parte del resguardo de los intereses nacionales.
El comunicado completo:
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