El sistema penitenciario de Tierra del Fuego enfrenta una presión creciente sobre su capacidad de alojamiento. Según advirtió el director del Servicio Penitenciario provincial, Ariel Ciares, la cantidad de personas privadas de libertad aumenta alrededor de un 20% cada año, lo que llevó al organismo a plantear ante el Ejecutivo la necesidad de ampliar la infraestructura y modificar el marco legal vigente.
Actualmente, 355 hombres y 11 mujeres se encuentran alojados en establecimientos penitenciarios de la provincia, mientras que otras 25 personas cumplen medidas bajo monitoreo mediante tobilleras electrónicas.
Ciares explicó que el incremento sostenido de la población obliga a buscar permanentemente alternativas para ampliar la capacidad disponible. “El Servicio Penitenciario todo el tiempo está tratando de conseguir nuevos espacios en virtud de que tenemos un ingreso poblacional del 20%”, señaló.
El funcionario remarcó que el desafío no pasa únicamente por disponer de más lugares para alojar a quienes ingresan al sistema. En esta misma línea, sostuvo que “si no tenés lugares adecuados, claramente no podés brindar un tratamiento” acorde, y recordó que la tarea penitenciaria “no tiene que ver solamente con alojar a una persona y que no se escape”.
Asimismo, el director del Servicio Penitenciario de la provincia explicó que las condiciones de detención también deben contemplar el acceso a atención psicológica y médica, además de programas y herramientas orientados a la reinserción social de las personas privadas de libertad.
Frente a esto, desde el área elevaron al Gobierno provincial dos necesidades consideradas prioritarias: generar nuevos espacios de alojamiento y contar con instalaciones diferenciadas que permitan desarrollar adecuadamente las tareas de tratamiento. A esto se suma el pedido para avanzar en una normativa penitenciaria propia.
Ciares cuestionó la aplicación de la legislación nacional en el ámbito fueguino al considerar que “es una ley pensada a nivel federal, cuenta con otros recursos que nosotros no tenemos, está pensado para otra población penal”. Por ese motivo, planteó que “es necesario avanzar en una ley de ejecución propia”.
El funcionario también anticipó que se trabaja en un proyecto para derogar la Ley Provincial 1.313, que establece restricciones sobre determinados beneficios para las personas privadas de libertad.
Si bien Ciares evitó definir la situación actual como hacinamiento, admitió que la capacidad del sistema se encuentra prácticamente al límite. “Estamos con el nivel justo de población”, afirmó, y explicó que el ingreso de nuevas personas por orden judicial puede repercutir sobre las condiciones de quienes ya se encuentran alojados: “Cada vez que recibís a alguien podés agravar o no las condiciones de detención del que ingresa y de los que están”.
En paralelo, el Servicio Penitenciario ya presentó ante el Ejecutivo una propuesta para avanzar en la construcción de una nueva unidad carcelaria. De acuerdo con Ciares, “ya hemos diagramado un sistema carcelario adecuado al terreno, a la sociedad, al tipo de población penal que tenemos y al tratamiento que tenemos que llevar adelante”, mientras continúan evaluándose distintas alternativas de localización.
El objetivo, según lo planteado por la conducción penitenciaria, es que la ampliación de la infraestructura no se limite a resolver la falta de plazas, sino que permita contar con espacios acordes a las necesidades de tratamiento y reinserción de la población penitenciaria fueguina.
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