La entrada en vigencia de la Ley 27801 de Régimen Penal Juvenil abrirá una nueva etapa en el sistema judicial argentino y obligará a las provincias a adaptar sus estructuras procesales, institucionales y de infraestructura.
Así lo planteó el abogado penalista Daniel Cesari Hernández, quien analizó los alcances de la normativa promulgada en marzo y advirtió sobre los desafíos que deberá afrontar Tierra del Fuego antes de septiembre, fecha prevista para su aplicación efectiva.
“Esta ley viene a poner una bisagra, un cambio frente a la antigua ley”, sostuvo el letrado en ((La 97)) Radio Fueguina al referirse a la derogación del histórico régimen de minoridad establecido por la Ley 22278. Según explicó, la nueva normativa surge “producto de la acción de nuestros diputados y senadores” y marca una diferencia respecto de la legislación anterior, instrumentada durante un período no democrático.
Cesari Hernández remarcó que la Argentina mantenía una edad de imputabilidad elevada en comparación con otros países. “Éramos prácticamente únicos en América con 16 años de edad de imputabilidad”, señaló, aunque aclaró que el nuevo régimen no elimina la condición de niñez de quienes atraviesen procesos penales. “Hoy un niño entre los 16 y los 18 sigue siendo niño, pero con la diferencia es que es sometido a un proceso penal igual que un mayor, pero no de la misma forma”, explicó.
El abogado indicó que la ley ya fue promulgada, aunque su aplicación fue diferida por 180 días. “Se van a cumplir hacia septiembre de 2026. Esto nos pone a las puertas ya de la aplicación”, afirmó. En ese contexto, aclaró que las provincias no tienen margen para decidir si adhieren o no a la norma. “Esto ya es ley de fondo. Esto modifica el Código Penal, la provincia no puede decir ‘yo no me adhiero’ o ‘yo no la aplico’”, enfatizó.
No obstante, explicó que sí será necesario adecuar las legislaciones locales, especialmente en materia procesal. “La provincia va a tener que hacer cambios”, sostuvo, y agregó que Tierra del Fuego “va a necesitar una ley procesal especial para menores”.
El especialista detalló además que la nueva normativa incorpora una lógica distinta en el abordaje penal juvenil. “Es una ley no represiva. Es una ley de protección del menor, de educación, de reinserción, de resocialización”, indicó. Bajo ese esquema, explicó que el objetivo será “detectar al niño delincuente, juzgarlo y en la aplicación de la pena no tratar de castigarlo, sino de reencauzarlo”.
Disposiciones especiales
Entre las principales disposiciones, destacó que los menores no podrán compartir espacios de detención con adultos. “En ninguna etapa del proceso el niño puede estar junto con mayores. Jamás va a poder transitar ni siquiera dos minutos en una comisaría, en una alcaldía ni en una cárcel”, remarcó.
A partir de esa exigencia, Cesari Hernández advirtió sobre la falta de infraestructura adecuada en la provincia. “¿Dónde vamos a alojar a los menores?”, planteó, para luego responder: “La respuesta es simple, en la cárcel de menores. En Tierra del Fuego no existe”.
El abogado extendió además el diagnóstico al sistema penitenciario provincial en general. “En Tierra del Fuego no tenemos una cárcel como hoy se necesita”, afirmó, y sostuvo que la actual alcaidía de Ushuaia “hay que cerrarla cuanto antes”.
Finalmente, consideró que la implementación del nuevo régimen exigirá una fuerte inversión estatal y personal especializado. “Necesitas jueces especializados en derecho penal de menores, fiscales y defensores exactamente igual”, señaló. También advirtió que será necesario capacitar a policías, operadores judiciales y equipos terapéuticos específicos.
“Esto no es fácil, es complejo. No es para nada imposible, va a necesitar decisión política, voluntad política e inversión”, concluyó.
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