La Comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura provincial convocó para este jueves al ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, con el objetivo de conocer las actuaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo tras los graves episodios registrados en la Unidad de Detención de Río Grande, donde tres internos fueron víctimas de agresiones físicas y presuntos vejámenes.
La reunión fue programada para las 11:00 y se desarrollará bajo carácter reservado. De acuerdo a lo previsto, los medios de comunicación podrán acceder únicamente al inicio del encuentro para la toma de imágenes, mientras que el resto de la exposición se realizará exclusivamente ante los legisladores integrantes de la comisión.
Durante la convocatoria, los parlamentarios buscarán obtener precisiones sobre las medidas adoptadas por el Gobierno provincial luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo dentro del establecimiento penitenciario de Río Grande, como así también sobre distintas versiones que apuntan a posibles irregularidades en el funcionamiento interno de la unidad.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la hipótesis de una eventual participación o connivencia de agentes penitenciarios que habría facilitado las condiciones para que se produjera el ataque contra Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores.
En paralelo, la Justicia provincial continúa avanzando con una investigación penal para esclarecer lo sucedido. La causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción de Ushuaia, conducido por la jueza Cecilia Cataldo, quien dispuso el secreto de sumario con el fin de resguardar las medidas probatorias y evitar la difusión de información sensible vinculada al expediente.
En el marco de esa investigación, ya fueron identificados diez internos alojados en el Pabellón B que habrían participado de la agresión. La identificación fue posible a partir del análisis de registros de cámaras de seguridad incorporados a la causa.
Por otra parte, las víctimas fueron trasladadas a dependencias del Servicio Penitenciario en Ushuaia como medida de resguardo. Si bien estaba previsto que prestaran declaración esta semana, la diligencia habría sido postergada debido al temor manifestado por los internos ante posibles represalias.
La investigación judicial se inició a partir de una actuación impulsada por el fiscal Mayor Martín Bramatí, quien tomó intervención luego de reunir información sobre los hechos ocurridos dentro de la unidad carcelaria. Hasta el momento, ninguno de los internos agredidos formalizó una denuncia penal.
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