El director de la Unidad de Detención de Río Grande, Raúl Ciares, y otros siete integrantes del Servicio Penitenciario Provincial fueron apartados preventivamente de sus funciones tras quedar imputados en una causa que investiga presuntas responsabilidades en una violenta agresión sufrida por tres internos el pasado 9 de mayo.
La medida fue confirmada luego de una reunión encabezada por la jueza de Instrucción Cecilia Cataldo con autoridades provinciales, entre ellas el jefe de Gabinete, Jorge Canals, y el secretario de Seguridad, Gonzalo Valenzuela. En ese encuentro también se resolvieron cambios en la conducción de la institución: Walter Oscar Silva fue designado como nuevo director de Seguridad Zona Norte y Jhonatan Almazán asumió al frente de la Unidad de Detención.
Los agentes penitenciarios fueron notificados de derechos y garantías tras una serie de allanamientos realizados en sus domicilios particulares. La investigación judicial busca determinar si existió algún grado de participación o connivencia por parte del personal en los hechos ocurridos dentro del penal, donde tres reclusos habrían sido víctimas de agresiones y vejámenes por parte de otros internos.
La causa también avanza sobre una posible vinculación entre presos y agentes penitenciarios. En ese marco, la magistrada ordenó levantar el secreto bancario de los funcionarios imputados para verificar si existieron beneficios económicos asociados a las maniobras investigadas.
Además, se realizan pericias sobre teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos, tanto a integrantes del Servicio Penitenciario como a internos alojados en la unidad. Los investigadores intentan determinar si existía una estructura de protección a determinados reclusos y una posible circulación irregular de sustancias estupefacientes dentro del establecimiento.
El ataque a tres internos que originó la investigación
La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el sábado 9 de mayo en el pabellón B de la Unidad de Detención de Río Grande. Según la investigación, tres internos fueron trasladados a ese sector pese a las advertencias realizadas por sus familiares sobre posibles riesgos para su integridad.
Una vez alojados en el pabellón, un grupo de reclusos habría ingresado a la celda donde se encontraban y los sometió a una violenta golpiza que se prolongó durante más de una hora. Las actuaciones judiciales incluso analizan la posible comisión de otros delitos durante ese episodio.
La investigación tomó un giro clave tras el análisis de registros de videovigilancia realizado por personal de Delitos Complejos. De acuerdo con la Justicia, las imágenes permitieron identificar a los presuntos agresores y reconstruir una secuencia que, pese a haber quedado registrada por las cámaras, no habría sido interrumpida por el personal de custodia.
En la causa también fueron imputados varios internos alojados en el penal. Asimismo, la investigación está caratulada como presunta «asociación ilícita destinada a cometer delitos» y busca establecer si existió una actuación coordinada entre reclusos y agentes penitenciarios para facilitar los hechos.
Mientras tanto, los tres internos que habrían sido víctimas de las agresiones permanecen alojados en Ushuaia bajo medidas de resguardo dispuestas por la Justicia, que procura garantizar su integridad física y psicológica mientras avanza la investigación.
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