Una resolución judicial que hoy ronda los $100 millones en carácter de indemnización volvió a poner en debate la responsabilidad de las entidades financieras frente a errores que pueden complicar gravemente la vida de los usuarios.
El abogado Francisco «Paco» Giménez relató en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina cómo logró que la Justicia condenara al Banco Santander luego de que fuera incluido erróneamente como deudor «irrecuperable»,, pese a no haber sido nunca cliente de la entidad.
Según contó, la situación fue descubierta «de casualidad», cuando intentó cambiar de banco, y allí dio cuenta que «estaba en una situación irregular». Frente a este panorama, el abogado solicitó productos financieros, y allí indicaba que figuraba «en mora», por lo que decidió pedir un informe crediticio.
En esta misma línea, el letrado agregó que comprobó que aparecía con una deuda en el Banco Santander, cuando «nunca había sido cliente», remarcó. Asimismo, explicó que en ese momento inició una serie de reclamos ante la entidad para corregir la información, pero los reclamos «nunca fueron escuchados».
La situación de Giménez se agravó aún más cuando realizó un viaje al exterior y se percató de que le «cancelaron las tarjetas», por lo que decidió recurrir a la Justicia Federal para «iniciar una acción de hábeas data». Según explicó el abogado, se trata de un mecanismo para cualquier ciudadano que detecte una información incorrecta que afecte a sus derechos.
Durante el proceso judicial «el banco siempre fue renuente», ya que «no cumplía con las órdenes del juzgado» de quitarlo de la Situación 5 de mora. Ante esta conducta de la entidad crediticia, la Justicia Federal avanzó con una multa de $10 millones hasta que el Banco Santander corrigiera la situación del letrado. Una vez que logró regularizarse, el abogado Giménez continuó «el reclamo por daños y perjuicios derivados de los dos años» que permaneció como deudor.
En ese sentido, describió el fuerte impacto que genera una calificación de ese tipo para cualquier ciudadano, manifestando que es «irrecuperable» ya que ser «moroso en el Veraz, es prácticamente una muerte civil», graficó. Más allá del adjetivo, el abogado Giménez explicó que ante este escenario «uno queda limitado para manejarse», pasando «prácticamente a la clandestinidad financiera, porque no se tiene acceso a tarjetas, debiendo utilizar únicamente dinero en efectivo».
Si bien la sentencia de primera instancia reconoció el derecho al resarcimiento, Giménez consideró insuficiente el monto fijado y decidió apelar, debido a que «el monto inicial fue insignificante». Ante esto, la Cámara de Apelaciones ajustó el monto «$22 millones». Asimismo, agregó que «hoy con intereses, la suma total llega a $100 millones», considerándolo «una sanción ejemplar a un banco, por la posición dominante que tiene sobre una persona común». En esta misma línea, destacó que «la Justicia actuó de forma ejemplar».
Lejos de contarlo como una anécdota en ((La 97)) Radio Fueguina, el abogado Francisco Giménez envió un mensaje hacia las entidades crediticias y hacia los vecinos: «ante una situación de abuso de un banco, la gente tiene las puertas abiertas de la Justicia para aclarar», remarcó.
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