El gobernador Gustavo Melella vetó totalmente los dos proyectos de ley sancionados por la Legislatura provincial el pasado 30 de abril: el que derogaba la Ley Provincial N° 1529, vinculada al proceso de reforma parcial de la Constitución, y el que creaba un sistema de goteo automático de fondos coparticipables a los municipios.
La decisión quedó formalizada a través de los decretos provinciales N° 865/26 y 866/26, remitidos este 15 de mayo a la Legislatura. En ambos casos, el Poder Ejecutivo dispuso devolver los proyectos al Parlamento “a los efectos previstos en el artículo 109 de la Constitución Provincial”.
El primer veto apunta contra la ley sancionada por la Legislatura que disponía la abrogación de la Ley Provincial N° 1529, denominada “Reforma Parcial de la Constitución Provincial”. Esa norma había sido aprobada para dejar sin efecto el proceso de reforma constitucional impulsado desde el oficialismo.
En el Decreto 865/26, el Ejecutivo resolvió “vetar totalmente” el proyecto aprobado en sesión ordinaria del 30 de abril. Según los argumentos consignados en torno a la medida, el Gobierno sostiene que el proceso ya se encuentra en marcha, incluso con convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, por lo que una ley posterior no podría frenarlo sin afectar la seguridad jurídica y los derechos políticos.
No al goteo
El segundo veto fue dispuesto mediante el Decreto 866/26 y recae sobre el proyecto denominado “Creación del Sistema de Transferencia de Liquidación Automática a los Municipios”, conocido como goteo automático de coparticipación.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo menciona la intervención del Ministerio de Economía y de la Contaduría General de la Provincia, organismos que advirtieron sobre la “total incompetencia constitucional, financiera y operativa del régimen”. También se citan dictámenes de áreas legales del Ministerio de Economía, de la Jefatura de Gabinete y de la Secretaría Legal de Gobierno.
La objeción central del Gobierno es que el sistema aprobado por la Legislatura avanzaría sobre competencias propias del Poder Ejecutivo en materia de administración financiera y manejo de los recursos provinciales. Según esa posición, el mecanismo de transferencia automática podría afectar la disponibilidad de fondos y la prestación de servicios esenciales.
Con los dos vetos, Melella reabre un frente de alta tensión política con la Legislatura. Por un lado, sostiene vigente el camino hacia la reforma constitucional; por el otro, bloquea una herramienta que buscaba modificar la forma en que se giran recursos a los municipios.
Ahora, ambos proyectos vuelven al ámbito legislativo. La discusión quedará nuevamente en manos de los legisladores, en un escenario institucional atravesado por dos debates sensibles: la reforma de la Constitución provincial y la distribución de fondos entre la Provincia y los municipios.
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