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Retirados Territoriales

La situación de la Caja Policial llegó a la Legislatura provincial

Los retirados policiales denunciaron once meses sin pagos compensatorios y reclamaron auditorías, informes e intervención de organismos de control.

La crisis de la Caja Previsional y Compensadora del Personal Policial y Penitenciario de Tierra del Fuego comenzó a tomar dimensión política tras la presentación de un informe técnico-jurídico ante la Legislatura provincial, impulsado por policías retirados del ex Territorio Nacional.

El escrito fue presentado por el Subcomisario retirado Daniel Ariel Torales, junto a los suboficiales retirados Aníbal Edgardo Espósito, Alfredo José Gatti y Jorge Alejandro Herrera, quienes denunciaron un presunto “desfinanciamiento estructural” del sistema previsional policial y cuestionaron la falta de respuestas del Estado provincial.

Según detallaron en el informe, los retirados llevan más de once meses sin percibir haberes compensatorios de carácter alimentario, una situación que afecta a numerosas familias beneficiarias del sistema.

Además, el documento analiza el Presupuesto Provincial 2026 y sostiene que el Estado “omitió garantizar las contribuciones necesarias” para sostener la Caja Policial, profundizando la crisis financiera del organismo. Los denunciantes señalaron que el problema no respondería únicamente a una situación económica general, sino también a “decisiones políticas y administrativas” que relegaron el sistema previsional policial.

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En la presentación también se mencionan posibles incumplimientos de leyes provinciales y nacionales vinculadas al régimen previsional, y se cuestionan especialmente las resoluciones 32/2013 y 148/2025, consideradas como antecedentes del deterioro actual.

Entre los pedidos elevados a la Legislatura figuran auditorías integrales, pedidos de informes, interpelaciones y la intervención de organismos de control. Incluso, el informe deja abierta la posibilidad de avanzar con acciones administrativas, judiciales y penales.

En ámbitos legislativos ya existiría preocupación por el impacto político que podría generar el conflicto, debido a que algunos planteos podrían derivar en debates sobre eventuales responsabilidades del Poder Ejecutivo provincial.

La presentación original fue acompañada posteriormente por 46 fojas con firmas y adhesiones sociales en respaldo al reclamo previsional policial.

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