La legisladora provincial Natalia Gracianía volvió a cuestionar el desarrollo del concurso para seleccionar al futuro Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Tierra del Fuego y sostuvo que la comisión evaluadora debe garantizar un procedimiento transparente, con criterios uniformes y explicaciones claras para los 45 postulantes excluidos.
En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, explicó que viene siguiendo de cerca el proceso porque “estamos en un proceso que va a definir quién va a ser el funcionario público que va a llevar adelante durante cinco años la representación de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Tierra del Fuego” y afirmó que el procedimiento “tiene que ser transparente, con reglas claras y trato igualitario, igualdad de oportunidades para todos los postulantes”.
La legisladora recordó que inicialmente se presentaron 63 aspirantes y señaló que ese total “se excluyeron a 45”, la mayoría por no acreditar cinco años de residencia previa en la provincia. Según indicó, esa situación motivó una presentación formal ante la comisión evaluadora para solicitar la suspensión de los plazos administrativos y revisar las exclusiones, al considerar llamativo que muchas personas con larga residencia en la provincia hubieran quedado fuera del proceso.
Gracianía sostuvo que la normativa establecía el requisito de residencia, pero “no estaba detallado de qué manera se iba a valorar o se podía acreditar”. En ese sentido, cuestionó que posteriormente la comisión respondiera que existía “libertad aprobatoria” mediante “medios idóneos”, aunque “nunca explican cuáles son los medios idóneos a los que se hace mención”.
Tras analizar las actas publicadas por la Legislatura, aseguró haber advertido diferencias en la evaluación de casos similares: “Ha habido discrecionalidad por parte de la comisión al evaluar distintas situaciones y no ha habido un criterio uniforme y claro para la valoración de cada uno de los documentos o pruebas”, manifestó. Además, remarcó que algunos postulantes recibieron un plazo excepcional de gracia para presentar documentación faltante “y a otros no”, situación que, a su entender, vulnera el principio de igualdad.
La legisladora también rechazó versiones periodísticas que vincularon su reclamo con casos particulares. “El reclamo no lo hice por ningún postulante en particular, mi reclamo de revisión lo hice y lo sostengo en nombre de la totalidad de los postulantes excluidos porque el concurso público tiene que ser transparente, tiene que ser con reglas claras y con igualdad de condiciones para todos”, afirmó.
Respecto de los pasos a seguir, confirmó que presentó un recurso de reconsideración el 23 de junio y que solicitó una respuesta escrita. Explicó que rechazó una reunión reservada con el tribunal ad hoc porque “si estoy pidiendo transparencia no creo que sea una buena idea una reunión a puertas cerradas”.
Finalmente agregó que las explicaciones “no me las tienen que dar a mí, le tienen que dar explicaciones a los postulantes que quedaron fuera del concurso” y reiteró que el proceso debe asegurar “un trato igualitario, con igualdad de oportunidades y reglas absolutamente claras”, por lo que insistió en que se revise lo actuado antes de avanzar con las próximas etapas del concurso.
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