Este jueves se conoció un comunicado oficial proveniente del departamento publicitario de la plataforma Uber, anunciando que Ushuaia ya es la vigesimotercera ciudad argentina que cuenta con el servicio de transporte privado de pasajeros con presencia por todo el mundo, pero que no pocas contrariedades debió afrontar cada vez que intentó desembarcar en cada ciudad que se proponía.
La noticia despertó la inmediata indignación de taxistas y remiseros de la capital de Tierra del Fuego, quienes muy pronto, a primera hora en la mañana de este viernes, se volcaron masivamente a las calles para vociferar su protesta ante la llegada de la intangible compañía, que acaba de llegar a las turísticas localidades patagónicas de Bariloche y San Martín de los Andes.
Claro que tanto Ushuaia como Río Grande están supuestamente blindadas, al menos en lo legislativo, ante el arribo que, más tarde o más temprano, se iba a producir por parte de esta plataforma, o de alguna de ellas.
Las dos urbes fueguinas cuentan con ordenanzas que, en su momento, allá por 2016, buscaban proteger la mano de obra de los choferes de taxis y remises del fin del mundo.
Mediante norma municipal N° 5283, se encuentra prohibido en la capital provincial la prestación de servicios de transporte con vehículos que no se encuentren debidamente habilitados por la Municipalidad.
En concreto, no se permite el uso de aplicaciones móviles y otras herramientas informáticas externas a las agencias, asociaciones y entidades de taxis
Algo similar ocurre en Río Grande, donde a instancias de una iniciativa impulsada por el concejal Raúl von der Thusen y que desde ese año prohíbe cualquier «sistema de captación de clientes a través de plataformas que no estén habilitadas o los medios habituales como son Taxis; remises; Colectivo o transporte escolar habilitados y bajo el control estatal”.
Más allá de las buenas intenciones de los concejales, y del indiscutible proceso de defensa del interés corporativo de los choferes, entre 2016 y 2023 algunas cosas han pasado.
Resulta imposible vaticinar cuánto tiempo más podrán resistir choferes (y el propio Estado) para apuntalar un dique de contención que, lo dicho, más temprano que tarde, volará por los aires.
Tan solo basta con verificar la diferencia tecnológica en la que vivimos inmersos actualmente con la realidad de la conectividad de hace ocho años atrás, para conjeturarlo. El dato, con relativa facilidad se puede verificar en la información que difunde el ENACOM, en términos de abrumadora mejora producida en un lustro y medio. Es de suponer que no pasará mucho tiempo para que Uber, real y efectivamente tenga presencia en nuestra provincia.
Por si fuera poco, cuando la aplicación buscaba acceder a otras ciudades del Norte del país y encontró no poca oposición, finalmente logró ingresar a caballo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más bien una ratificación en 2018 de un fallo en primera instancia de 2016.
El más alto tribunal nacional le abrió las puertas a Uber y a sus primos, tan sólo reconociendo que lo suyo no es estrictamente una prestación de servicio, sino el ejercicio de una actividad comercial hecha y derecha. No hay delito en su actividad, sino el desarrollo de una actividad comercial lícita “bajo un modo de organización con fines legítimos”.
Por lo tanto, el Estado no tiene potestad para prohibirla, sino para regularla.
Nada hace suponer que otro sea el criterio que termine imponiéndose en Ushuaia (o en Río Grande) ante instancias y condiciones similares.
Otro aspecto importante a reconocer es la presión social que ejercen los vecinos y que se manifiesta a través de cientos de comentarios en redes por estas horas: en justificada búsqueda de un mejor servicio, más moderno y amigable, los usuarios preparan la bienvenida a estas plataformas. Como pasó en Buenos Aires, en Mendoza y en tantos otros lugares.
Al fin y al cabo, Uber es una empresa visible, de capital privado, que opera en Bolsa, capitalizada e inscripta en AFIP como cualquier compañía. Fue fundada en 2009 y opera en más de 10.000 ciudades del mundo en 47 países.
Sin que como sector, ni como comunidad, admitamos una concesión, una derrota, quizás sea hora de pensar seriamente en la resolución del problema a través de la utilización de las herramientas disponibles, como por ejemplo la necesaria y esperada regulación estatal que garantice la prestación, y siga protegiendo a taxistas y remiseros.
Y que los nuevos tiempos nos encuentren a todos unidos y regulados.
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