La caída de ingresos y el aumento de las demandas sobre los servicios locales condicionan las decisiones de la Municipalidad de Río Grande. En ese escenario, la gestión de Martín Perez concentra recursos en las prestaciones cotidianas, prepara las tareas posteriores al invierno y discute cuánto recibirá la ciudad por coparticipación.
El secretario municipal de Gobierno, Gastón Díaz, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que la situación económica “nos obliga a focalizar nuestros esfuerzos, a ser muy austeros en el gasto y cuidadosos respecto de cuáles son aquellos servicios que corresponden estrictamente al orden municipal”. Esa definición, señaló, orienta el presupuesto hacia espacios públicos, calles, recolección y tratamiento de residuos, transporte y servicios sanitarios.
La reparación de la red vial será una de las prioridades al terminar el invierno. A ella se suman el mantenimiento de plazas y espacios públicos y la continuidad de prestaciones que, según Díaz, adquieren un peso particular en Río Grande. El municipio tiene a su cargo el agua y las cloacas y sostiene, además, actividades culturales, deportivas y de acompañamiento a los jóvenes.
La salud ocupa un lugar destacado en esa distribución de recursos. Aunque Díaz reconoció que es una responsabilidad primaria de la Provincia, afirmó que “el sistema de salud pública se sostiene mucho y en gran parte por los 15 dispositivos de salud que tiene el municipio de Río Grande”. Mencionó entre ellos centros de atención, el espacio de rehabilitación Mamá Margarita, servicios de salud mental, especialidades médicas y diagnóstico infantil. Para el funcionario, mantener esa red responde a una decisión de la gestión municipal frente a las necesidades de los vecinos.
El alcance de esas prestaciones forma parte, a su juicio, de la discusión por los fondos provinciales. Díaz sostuvo que existe “un reparto de coparticipación entre los municipios que es igualitario”, aunque Río Grande asume servicios que otras administraciones no. A la vez, advirtió que los recursos provenientes de la coparticipación nacional y provincial disminuyeron por la caída del consumo.
La controversia inmediata se centra en el coeficiente utilizado para distribuir fondos entre municipios. Con el 30 de septiembre como plazo para presentar el presupuesto local, Díaz indicó que la Provincia suspendió un decreto que había mejorado el índice correspondiente a Río Grande para 2026. La Municipalidad ya formalizó su reclamo y, según anticipó, lo mantendrá porque considera que la suspensión perjudica a la ciudad. “Son recursos de los riograndenses”, remarcó, y vinculó su disponibilidad con las decisiones de gasto para 2027.
El secretario atribuyó parte de las dificultades económicas a las políticas nacionales y sus efectos sobre la industria fueguina. Planteó que la respuesta debe incluir alternativas capaces de generar empleo y preservar el arraigo, junto con una gestión municipal que sostenga los servicios esenciales pese a la restricción de ingresos.
Sobre Malvinas, Díaz relacionó la defensa de la soberanía con la permanencia de población y actividad productiva en Tierra del Fuego. También destacó la participación municipal en la presentación judicial vinculada al proyecto hidrocarburífero Sea Lion y celebró la medida cautelar dictada por la Justicia federal. Sostuvo que Río Grande, como municipio costero, tiene la obligación de representar a sus vecinos ante un posible riesgo ambiental, y señaló que resta conocer la actuación de la Cancillería frente a la resolución judicial.
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