Sindicalistas son condenados por la toma de la Casa de Gobierno
Penas de hasta 4 años de prisión efectiva, una orden de captura, numerosas condenas en suspenso y el pedido de investigación a un exfuncionario por presunto falso testimonio es parte del saldo del esperado fallo del Tribunal de Juicio de Ushuaia, en el final del proceso contra dirigentes y activistas de los gremios de Camioneros y Sutef por la violenta toma a la Casa de Gobierno ocurrida en mayo de 2013.
El Tribunal resolvió rechazar los planteos de nulidad presentados por los abogados de los sindicatos. Curiosamente, todas las penas están referidas a las agresiones a efectivos policiales y no hubo condenas por los graves daños y robos denunciados dentro de la Casa de Gobierno durante la ocupación.
En total, fueron veintiocho condenas (dos de ellas de cumplimiento efectivo), cuatro absoluciones, un pedido de investigación por falso testimonio y una orden de detención por rebeldía.
El pedófilo Elías Catacata, sentenciado a reclusión perpetua
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó a reclusión perpetua a Oscar Elías Catacata Calapeña por la violación y asesinato de la pequeña Nicole Ojeda. La Fiscalía y la querella habían solicitado la pena a la cual fue sentenciado.
El condenado fue hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual seguido de muerte tipificado en el Artículo 124 del Código Penal en la que resulto víctima la hija de su pareja de 4 años de edad.
El hecho criminal se produjo el 26 de enero, cuando la niña Nicole Ojeda, falleció en el hospital, producto de las heridas recibidas en el ataque. Las investigaciones arrojaron la detención de quien era su padrastro, Oscar Elías Catacata (28 años), quien según las pericias abusó de la menor en el baño de la casa.
Video: www.habildeclarante.com
El policía Cristian Balaguer es hallado culpable de homicidio
El Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial Norte condenó al oficial de la policía Cristián Balaguer a la pena de cinco años de prisión y diez años de inhabilitación por homicidio con exceso en el legítimo ejercicio de su cargo, de la muerte del delincuente conocido como “Chuky” Andrade.
El hecho se remonta al 21 de septiembre del año 2010 cuando, tras una persecución policial, la víctima quedó acorralada en el garaje de una vivienda y sufrió el disparo de un arma tipo escopeta anti tumultos que al impactar en la arteria femoral de una pierna le provocó una herida mortal.
Según la investigación realizada en la etapa instructora, ese día los efectivos policiales César Gualtieri y Balaguer a bordo de un móvil policial observaron que por la calle Thorne entre Mosconi y Almafuerte circulaba en exceso de velocidad y de manera zigzagueante un cuatriciclo conducido por la víctima, que al divisar a la policía, emprende la huida por la calle Thorne y, luego de cruzar la calle Schweitzer dio la vuelta en ¨U¨ dirigiéndose directamente hacia el móvil policial, el que fue eludido.
Durante el raid así descripto, el cuatriciclo conducido por Andrade detiene su marcha e ingresa al garage de la vivienda ubicada en la calle Almafuerte 1225. En este contexto, arriba el móvil policial al lugar, desciende su conductor el oficial Gualtieri y en momento en que se dirige hacia la persona de Andrade. Balaguer observa que éste pretendía agredir a su colega con un caño de hierro rectangular. Para ello, Balaguer, portando una escopeta en mano, realizó un disparo con el arma tipo escopeta que al impactar de manera directa sobre la parte inguinal izquierda de la víctima, provocó la rotura de la vena femoral, y una vez en el suelo reducido y esposado, fue trasladado al Hospital Regional.
Luego de ser intervenido quirúrgicamente y de haberle extraído restos del material del disparo sufrido, el día 23 de septiembre se produce el deceso de Andrade debido a un “shock hemorrágico grave”.
La familia Morales es condenada por ejercer la «trata de personas»
Víctor Morales fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de trata agravado por la pluralidad de actores y víctimas a la pena de 7 años de prisión y 125 mil pesos de multa.
Cristina Patricia Ramírez fue considera coautora penalmente responsable del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de autores y víctimas y condenada a 5 años de prisión más 90 mil pesos de multa.
Daniel Alejandro Morales Ledesma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledesma, también fueron condenados a 5 años de prisión.
Mauro Luciano Morales Ledesma fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.
Por otra parte, se dispuso el decomiso del dinero secuestrado y de los bienes muebles secuestrados de los domicilios usados como lugar de acogimiento y explotación y el decomiso de dinero de cuentas bancarias.
El caso “Lolo Freire” y su repercusión en Tierra del Fuego
No ocurrió en nuestra provincia, pero el fallo crearía jurisprudencia y beneficiaría a muchísimos condenados, entre ellos el propio Balaguer y los sindicalistas sentenciados por los hechos de violencia en la toma de la Casa de Gobierno.
En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación modificaría los parámetros de la utilización de la prisión preventiva y establecería que los jueces “solo podrán dictar una prisión preventiva si se prueba que la persona en libertad puede obstaculizar la investigación o darse a la fuga, cualquiera sea el delito que se trate, pudiendo también y según los casos, disponer medidas restrictivas de la libertad que no signifiquen una prisión preventiva”.