Escribe: Franco Riquelme (*)
En 1930, Sigmund Freud publicó El malestar en la cultura, un texto en el que examinó una paradoja que todavía conserva una extraordinaria actualidad y es que la cultura resulta indispensable para hacer posible la vida en común, pero esa misma convivencia exige límites, renuncias y formas de regulación de nuestros deseos. Allí donde construimos una sociedad aparecen también tensiones que pueden producir distintas formas de malestar.
Casi un siglo después, la pregunta puede formularse de otro modo y desde otro extremo del mapa ¿qué formas adopta ese malestar en Tierra del Fuego?
La pregunta no pretende convertir a nuestra provincia en una sociedad enferma, ni mucho menos explicar los padecimientos individuales a partir de una única causa. Tampoco se trata de hacer de Freud un intérprete de la realidad fueguina. Su obra funciona aquí apenas como un punto de partida para una interrogación más amplia, es decir, si una parte del sufrimiento humano está vinculada con las condiciones sociales en las que vivimos, entonces resulta necesario preguntarnos qué características particulares tiene el territorio que habitamos y cómo esas condiciones pueden incidir sobre nuestras vidas.
Porque Tierra del Fuego no es solamente un lugar en el mapa. Es también una experiencia social. Es distancia, migración, desarraigo y construcción de nuevas pertenencias; es frío, viento y condiciones particulares de luz; es dificultad para acceder a una vivienda, transformaciones del mundo laboral, familias separadas por miles de kilómetros y vínculos que muchas veces deben reconstruirse lejos de los lugares de origen. Pero es también comunidad, solidaridad, instituciones, organizaciones y capacidad de construir una vida en uno de los territorios más australes del planeta.
En ese territorio, la salud mental se ha convertido progresivamente en una preocupación pública. Los datos sobre suicidio, el crecimiento de la demanda de atención y las experiencias de los dispositivos sanitarios y comunitarios muestran una problemática que no puede reducirse al diagnóstico individual ni quedar encerrada en las paredes de un consultorio.
Tal vez por eso convenga invertir la pregunta. En lugar de preguntarnos solamente qué le ocurre a una persona que sufre, preguntarnos también qué ocurre en la sociedad en la que esa persona vive.
Porque detrás de cada consulta hay una historia individual, pero también existen condiciones de trabajo, vínculos familiares, posibilidades de acceso a la vivienda, expectativas de futuro, redes comunitarias y formas de pertenecer. Y si la salud mental es también una cuestión social, entonces hablar de ella supone necesariamente hablar de la sociedad fueguina.
El desafío, entonces, no es diagnosticar a Tierra del Fuego. Es comprenderla.
Los números detrás del malestar
Hablar de salud mental en Tierra del Fuego supone algo más que hablar de psicólogos, psiquiatras, medicamentos o diagnósticos. Supone preguntarnos también por las condiciones en las que vivimos, trabajamos, construimos nuestros vínculos y proyectamos nuestro futuro. El sufrimiento psíquico puede expresarse en una persona, pero no necesariamente tiene un origen exclusivamente individual.
En los últimos años, la salud mental adquirió una presencia creciente en la conversación pública. La pandemia de COVID-19 hizo visibles padecimientos que ya existían, pero también profundizó incertidumbres, aislamientos y dificultades económicas y sociales. En Tierra del Fuego contamos hoy con algunos datos que permiten mirar esta problemática desde una perspectiva propia, situada en nuestro territorio.
Uno de los indicadores más delicados es el suicidio. Según el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC), durante 2020 se registraron 13 suicidios en la provincia, mientras que en 2021 fueron 22 y en 2022 llegaron a 23. En 2023 se registraron 21 y en 2024, 19. La tasa pasó de 7,5 cada 100.000 habitantes en 2020 a 12,4 en 2021 y 12,8 en 2022, para luego descender a 11,6 en 2023 y 10,5 en 2024.
Estos números requieren prudencia. No permiten afirmar por sí solos que la salud mental de los fueguinos haya empeorado o mejorado, porque el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. Tampoco corresponde reducir toda la discusión sobre salud mental a este indicador. Pero sí muestran que estamos frente a una problemática que merece ser observada de manera sostenida y con políticas de prevención que no comiencen únicamente cuando aparece una situación extrema.
Hay, además, otro dato significativo. Un informe elaborado a partir de información aportada por ocho provincias argentinas, entre ellas Tierra del Fuego, registró que las consultas por motivos de salud mental de personas sin obra social aumentaron aproximadamente un 33,42% en nuestra provincia entre 2021 y 2025, unas 2.866 consultas adicionales. El mismo informe señala que las prestaciones vinculadas con salud mental —incluidas consultas ambulatorias y atenciones de guardia— pasaron de 10.342 en 2019 a 15.256 en 2024, un incremento del 47,6%.
Aquí aparece una cuestión fundamental y es el aumento de la demanda de atención no es equivalente a un aumento de las enfermedades mentales. Puede expresar, entre otras cosas, una mayor necesidad de atención, un mayor reconocimiento de los padecimientos, modificaciones en las prácticas de consulta o situaciones sociales que llegan al sistema sanitario. Pero el dato sí permite formular una pregunta ¿qué está llevando a cada vez más personas a buscar ayuda?
Para responderla necesitamos mirar más allá del consultorio.
Un territorio también construye experiencias
Tierra del Fuego tiene características territoriales particulares. Es una provincia marcada por las grandes distancias, por la migración interna, por la separación de muchas personas de sus familias de origen y por la necesidad de construir nuevas redes sociales en un territorio alejado del continente. A esto se suman las dificultades vinculadas con el acceso a la vivienda, las transformaciones del mercado laboral, el costo de vida y las particularidades de una economía atravesada por la industria, el sector público, los servicios, el turismo, los hidrocarburos y distintas formas de empleo temporal o rotativo.
Nada de esto permite establecer una relación automática entre pobreza, aislamiento, trabajo o migración y enfermedad mental. Sería simplista hacerlo. Pero sí permite reconocer que la salud mental tiene determinantes sociales y que las condiciones materiales de existencia pueden incidir sobre las posibilidades que tienen las personas para sostener sus vínculos, su autonomía y sus proyectos de vida.
La distancia también importa.
Vivir en Río Grande, Ushuaia o Tolhuin no significa solamente habitar ciudades geográficamente alejadas de Buenos Aires. Para miles de personas significa vivir lejos de sus padres, hermanos, amigos de infancia y redes afectivas construidas durante décadas. La migración puede abrir oportunidades y convertirse en una experiencia de crecimiento y pertenencia, pero también puede producir momentos de desarraigo.
No se trata de afirmar que migrar enferma, ni que vivir en el extremo sur determina una determinada experiencia psicológica. Se trata de reconocer que construir una vida lejos del lugar de origen supone reconstruir redes, pertenencias y formas de comunidad. Y esa dimensión social también forma parte de cualquier discusión seria sobre salud mental.
Del consultorio a la comunidad
Por eso resulta interesante observar qué ocurre cuando el Estado y las organizaciones sociales intentan responder a estas situaciones. Una investigación presentada en 2026 en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego estudió las políticas de prevención y asistencia al suicidio en Río Grande entre 2019 y 2024. El trabajo identificó un papel significativo de organizaciones sociales y civiles en la construcción de redes de prevención. El estudio señala, además, que durante 2021 y 2022 se registraron 12 suicidios en Río Grande en cada uno de esos años, sobre un total provincial de 22 y 23 respectivamente. Esto permite mirar la salud mental desde otra perspectiva no solamente desde el vínculo entre paciente y profesional, sino también desde la comunidad.
Una persona en crisis no vive aislada de su barrio, su familia, su escuela, su lugar de trabajo o sus instituciones. La prevención tampoco debería depender exclusivamente de que alguien llegue al consultorio. Las redes comunitarias, los espacios educativos, los clubes, las organizaciones sociales y los dispositivos territoriales pueden constituir lugares donde detectar tempranamente situaciones de sufrimiento y acompañar antes de que se conviertan en emergencias.
En Ushuaia existe también una experiencia que permite observar los desafíos institucionales. Una investigación realizada en el Centro de Atención Primaria de Salud N.º 1 analizó, diez años después de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, las dificultades y posibilidades de implementar un modelo de atención comunitario. El estudio encontró un equipo interdisciplinario consolidado, pero señaló la necesidad de fortalecer la capacitación y generar dispositivos de articulación con otras instituciones gubernamentales y barriales.
Esta cuestión es central. La salud mental no puede pensarse únicamente como una especialidad separada del resto de la salud. Tampoco puede resolverse únicamente mediante la ampliación de consultorios. Requiere articulación entre salud, educación, desarrollo social, trabajo, niñez, adolescencia, organizaciones comunitarias y gobiernos locales.
Una política de salud mental para un territorio
En este punto aparece quizás uno de los mayores desafíos para Tierra del Fuego transformar la salud mental en una política verdaderamente territorial. Esto implica preguntarnos qué sucede en Río Grande, qué sucede en Ushuaia y qué sucede en Tolhuin; qué ocurre con los adolescentes, con los adultos mayores, con quienes viven solos, con quienes atraviesan consumos problemáticos, con quienes no tienen obra social y con quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda o sostener un trabajo.
También implica evitar una mirada que convierta cualquier tristeza, angustia o frustración en una enfermedad. No todo sufrimiento es una patología y no todo problema social puede resolverse con una receta médica. Pero tampoco debemos cometer el error contrario considerar que aquello que una persona experimenta es simplemente un problema privado que debe resolver por sus propios medios. Entre la medicalización de la vida cotidiana y la indiferencia existe un espacio fundamental y es el de las políticas públicas, las instituciones y la comunidad.
Tierra del Fuego necesita seguir produciendo datos sobre salud mental. Necesita saber quiénes consultan, por qué consultan, cuánto esperan para ser atendidos, qué sucede con las derivaciones, cuáles son las demandas de adolescentes y jóvenes y qué diferencias existen entre las distintas localidades. Necesita evaluar sus dispositivos y escuchar a quienes trabajan cotidianamente en ellos. Pero también necesita hacerse una pregunta más profunda ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo?
Porque hablar de salud mental no es solamente hablar de enfermedad. Es hablar de vínculos, de vivienda, de trabajo, de tiempo, de comunidad, de expectativas y de futuro.
La salud mental, en definitiva, también tiene territorio.
Y quizás una de las primeras tareas sea comprender que detrás de cada estadística hay una vida concreta, una familia, una historia y una comunidad. El desafío no consiste únicamente en atender el sufrimiento cuando aparece, sino en construir las condiciones sociales que permitan que más personas puedan vivir, pertenecer y proyectarse en Tierra del Fuego.
(*) Franco Riquelme: Profesor de Historia. Cursando Doctorado en Historia (Universidad Nacional del Nordeste)
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