La investigación judicial por los graves hechos de violencia ocurridos el 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande seguirá bajo la conducción de la jueza Cecilia Cataldo. La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones resolvió no hacer lugar al pedido de apartamiento que habían presentado las defensas de dos de los imputados.
La recusación había sido promovida por los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra, representantes de Enoc Perpetto y Máximo Perpetto, quienes cuestionaron la actuación de la magistrada durante las primeras medidas adoptadas en la causa.
Sin embargo, el expediente todavía tiene planteos pendientes de resolución. Entre ellos, la Cámara deberá pronunciarse sobre el pedido de nulidad de las entrevistas realizadas a los tres internos que fueron víctimas de las agresiones y sobre la recusación presentada contra el fiscal Mayor Bramatí.
El abogado Palladino sostuvo que, una vez resueltos esos recursos, esperan que puedan recibirse las declaraciones testimoniales de las víctimas para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.
Los cuestionamientos de la defensa apuntan a que las primeras entrevistas a Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maxi Burgoa y Pedro Jesús Flores fueron tomadas directamente por la jueza, sin intervención de los abogados defensores. También objetan la forma en que se incorporaron otras manifestaciones al expediente, al considerar que se afectó el derecho de defensa de los imputados.
La causa investiga las agresiones y presuntos vejámenes sufridos por los tres internos durante los incidentes registrados en el establecimiento penitenciario. A raíz de esos hechos, ocho integrantes del Servicio Penitenciario fueron separados preventivamente de sus funciones mientras son investigados por la Justicia. Además, otros diez internos del Pabellón B permanecen imputados por su presunta participación en los episodios de violencia.
Por otra parte, las víctimas permanecen alojadas en Ushuaia bajo medidas de protección dispuestas por el Juzgado, destinadas a preservar su integridad física y psicológica.
La investigación se inició de oficio, ya que los tres internos manifestaron temor a sufrir represalias y decidieron no presentar una denuncia formal. Esa misma situación llevó a que los peritos forenses del Poder Judicial desaconsejaran, por el momento, la realización de sus declaraciones testimoniales, al considerar que aún no se encontraban en condiciones de revivir lo sucedido.
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