El Colegio Público de Abogados de Río Grande expresó su preocupación por las consecuencias que las medidas de fuerza de los trabajadores judiciales están generando sobre el funcionamiento de la Justicia y, particularmente, sobre la actividad de los profesionales independientes. Su presidente, Renán Uribe, reconoció el derecho al reclamo salarial, aunque planteó la necesidad de encontrar un equilibrio que permita evitar mayores demoras.
En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Uribe señaló que el conflicto lleva varios meses y que sus efectos comenzaron a hacerse más visibles: “La verdad que los expedientes se están atrasando. La administración de Justicia no está llegando a tiempo”, afirmó. Según explicó, funcionarios y magistrados intentan sostener el funcionamiento cotidiano incluso fuera del horario habitual, una situación que, advirtió, también produce desgaste.
Desde el Colegio consideran que el reclamo gremial debe desarrollarse dentro de ciertos límites. “Obvio que respetamos, tienen el derecho como cualquier trabajador de peticionar, pero obviamente siempre bajo un marco de racionalidad y prudencia”, sostuvo Uribe, quien vinculó esa posición con el contexto económico general y remarcó que “hay que estar a altura de las circunstancias”.
Las modalidades de protesta aplicadas durante las últimas semanas también fueron cuestionadas desde la entidad. Uribe recordó que se realizaron jornadas de brazos caídos, retiros al mediodía y paros completos, y consideró que “la semana pasada vimos que no fue prudente”. A partir de ese escenario, reclamó a los gremios “cierta prudencia, empatía con el ciudadano de a pie, quien va a peticionar su derecho y obviamente se ve afectado”.
El dirigente aseguró que el Colegio continúa apostando al diálogo y rechazó que su postura implique desconocer el reclamo salarial. “En todo momento entendíamos que el diálogo tiene que prevalecer”, explicó. Sin embargo, manifestó diferencias con la continuidad de las medidas pocos días después de haberse otorgado un incremento y señaló que esa dinámica “no compartimos, claramente”.
Uribe también defendió la posibilidad de discutir herramientas como descuentos salariales o pérdida del presentismo durante las huelgas, alternativas que generaron una fuerte reacción sindical. Aclaró que mencionarlas “no quiere decir que se vayan a implementar”, sino que forman parte de las facultades que podrían analizarse durante el conflicto.
Para el Colegio, además, las consecuencias trascienden el funcionamiento interno de los tribunales. “Vemos que la administración de Justicia no está llegando, no se está pensando en el que menos tiene. No hay una empatía con el ciudadano de a pie”, afirmó Uribe, y mencionó entre los afectados a quienes esperan cuotas alimentarias, regímenes de contacto, respuestas ante situaciones de violencia familiar, causas penales y juicios laborales.
Aunque las guardias mínimas continúan garantizadas, sostuvo que recaen sobre funcionarios que deben abandonar otras tareas: “Son jueces y secretarios o pro secretarios que tendrían que estar tomando audiencia, que tendrían que estar realizando resoluciones importantes”, pero terminan atendiendo teléfonos, mesas de entrada o suspendiendo audiencias.
El impacto alcanza también a los propios abogados particulares. Uribe recordó que el letrado “vive de sus honorarios, no es que está en relación de dependencia y la tiene asegurada mes a mes”, por lo que la paralización o demora de expedientes repercute directamente sobre sus ingresos. Frente a ese escenario, sintetizó la posición institucional: “No estamos en contra del genuino reclamo. Sí queremos la prudencia, la racionalidad y la empatía con el ciudadano a pie”.
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