La defensa de los internos involucrados en la causa que investiga las presuntas agresiones ocurridas en la Unidad de Detención de Río Grande solicitó el apartamiento de la jueza Cecilia Cataldo. El planteo fue presentado por los abogados Maximiliano Palladino y Francisco Ibarra, quienes sostienen que durante la investigación se vulneró el derecho de defensa al haberse realizado una audiencia reservada con las víctimas sin la participación de las partes.
La recusación apunta a una reunión que la magistrada mantuvo junto a un equipo interdisciplinario del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial con los tres internos que habrían sido víctimas de los hechos denunciados. Según explicaron los defensores, ese encuentro tuvo como objetivo evaluar si los detenidos estaban en condiciones de prestar declaración testimonial, aunque finalmente se concluyó que no era posible avanzar con ese procedimiento.
Para la defensa, la realización de esa audiencia sin la presencia de la Fiscalía ni de los abogados de las partes implicó una afectación del derecho de defensa y del control de la prueba, motivo por el cual solicitaron que la jueza sea apartada del expediente.
La investigación se inició tras los graves hechos registrados el pasado 9 de mayo en la Unidad de Detención de Río Grande, donde tres internos habrían sido golpeados y sometidos a distintos vejámenes. Jonathan Gastón Burgoa, su hijo Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores permanecen alojados en una dependencia del Servicio Penitenciario en Ushuaia y, hasta el momento, no formalizaron una denuncia debido al temor que, según trascendió en la causa, continúan manifestando.
El expediente permanece bajo secreto de sumario debido a la gravedad de los hechos investigados. El caso también derivó en la intervención del Comité contra la Tortura y motivó actuaciones en la Comisión de Seguridad de la Legislatura provincial.
La recusación contra Cataldo se suma a otro planteo presentado días atrás por el defensor oficial Marcelo Scola, quien, en representación de agentes del Servicio Penitenciario involucrados en la causa, pidió el apartamiento del fiscal mayor Martín Bramatí.
En paralelo, la Comisión de Seguridad de la Legislatura volvió a insistir con la necesidad de que el ministro de Seguridad, Jorge Canals, concurra a brindar explicaciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, el funcionario no asistió a la convocatoria.
Tras la ausencia del ministro, el legislador Pablo Villegas cuestionó la falta de respuestas oficiales y sostuvo que resulta imprescindible conocer las responsabilidades institucionales y las medidas adoptadas luego de un episodio que calificó como de «extrema gravedad. Necesitamos saber qué ocurrió, qué acciones tomó el Gobierno y por qué las autoridades del Servicio Penitenciario continúan en funciones mientras la investigación sigue en curso», expresó.
Ante la incomparecencia del titular de la cartera de Seguridad, la comisión resolvió solicitar información por escrito y volver a convocarlo a una próxima reunión para que responda sobre el accionar del Ejecutivo frente a los hechos investigados.
El ataque a tres internos que originó la investigación
La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el sábado 9 de mayo en el pabellón B de la Unidad de Detención de Río Grande. Según la investigación, tres internos fueron trasladados a ese sector pese a las advertencias realizadas por sus familiares sobre posibles riesgos para su integridad.
Una vez alojados en el pabellón, un grupo de reclusos habría ingresado a la celda donde se encontraban y los sometió a una violenta golpiza que se prolongó durante más de una hora. Las actuaciones judiciales incluso analizan la posible comisión de otros delitos durante ese episodio.
La investigación tomó un giro clave tras el análisis de registros de videovigilancia realizado por personal de Delitos Complejos. De acuerdo con la Justicia, las imágenes permitieron identificar a los presuntos agresores y reconstruir una secuencia que, pese a haber quedado registrada por las cámaras, no habría sido interrumpida por el personal de custodia.
En la causa también fueron imputados varios internos alojados en el penal. Asimismo, la investigación está caratulada como presunta «asociación ilícita destinada a cometer delitos» y busca establecer si existió una actuación coordinada entre reclusos y agentes penitenciarios para facilitar los hechos.
Mientras tanto, los tres internos que habrían sido víctimas de las agresiones permanecen alojados en Ushuaia bajo medidas de resguardo dispuestas por la Justicia, que procura garantizar su integridad física y psicológica mientras avanza la investigación.
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