En el marco de la política habitacional provincial, la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda y Hábitat, arquitecta Laura Montes, reconoció la existencia de situaciones de hacinamiento en viviendas adjudicadas oportunamente por el organismo, especialmente en unidades donde conviven familias ampliadas que se fueron conformando con el paso del tiempo.
Al ser consultada en ((La 97)) Radio Fueguina sobre este punto, señaló: “Estoy al tanto de algunas situaciones que se han dado en el tiempo. Eventualmente el IPV ha entregado hace 30 años la vivienda a una familia, a un matrimonio y en el transcurso de los años en algunas viviendas se produce este tipo de hacinamiento porque los propios hijos de ese matrimonio con sus familias también habitan, sobre todo los departamentos que en su momento se entregaron de tres y cuatro dormitorios, que ahora se entregaron de dos”.
En esa línea, vinculó estas dinámicas habitacionales con contextos económicos adversos que se repiten en la historia reciente. “Este tipo de situaciones se han dado a principios de los 90, gobierno de Menem y en 2001 aproximadamente, donde el IPV estuvo parado”, expresó Montes, al describir escenarios en los que la demanda social y la fragilidad económica impactaron en el uso de las viviendas.
Por otra parte, la funcionaria explicó que el organismo se encuentra ejecutando un plan de construcción de nuevas unidades habitacionales. “Nuestro principal objetivo es terminar las 500 viviendas que tenemos en ejecución, a un paso lento pero seguro, para poder entregarlas a fin de año y el año que viene”, afirmó. Según precisó, las obras están distribuidas en distintos sectores de Río Grande, donde se concentran los proyectos en marcha.
En relación al esquema de alquiler social impulsado por el IPV, Montes indicó que se trata de una herramienta aún en etapa de diseño normativo. “Esta es una herramienta que está siendo impulsada en la red social. Está impulsado por la modificación de la Ley 19”, explicó, y agregó que el objetivo es destinar parte del stock habitacional a sectores de extrema vulnerabilidad mediante mecanismos específicos de acceso.
En ese sentido, detalló que el modelo prevé la asignación estatal de viviendas bajo condiciones particulares: “Se puede asemejar a lo que hay, es un convenio de ocupación con canon de uso no amortizable, que damos a familias en extrema vulnerabilidad”. También aclaró que “las viviendas son del Estado”, y que el sistema busca garantizar el uso habitacional sin transferencia de dominio.
Respecto de la situación actual de ocupación y regularización, la presidenta del IPV indicó que existen convenios de uso para casos específicos. “Un convenio de uso es aquel que la persona, por ejemplo, no pagó nunca, es un moroso crónico, se le da un convenio de uso para que pueda regularizar su vivienda y no desalojarlo”, explicó.
Finalmente, precisó que de las aproximadamente 4.000 viviendas en cartera, menos de 500 se encuentran bajo estas modalidades de regularización, y destacó que el contexto económico actual podría incrementar la demanda de asistencia habitacional y revisión de cuotas por parte de las familias adjudicatarias.
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