Vecinos de la Margen Sur decidieron suspender de manera momentánea la permanencia que mantenían desde hacía una semana en la Delegación de Gobierno de Río Grande y aguardarán durante las próximas 48 horas una respuesta oficial sobre el futuro del subsidio al gas envasado y las conexiones domiciliarias pendientes. La medida fue resuelta en asamblea, luego de presentar una ampliación del pronto despacho dirigida al Ejecutivo provincial.
Asimismo, las familias incorporaron el accidente ocurrido días atrás en el B° La Esperanza. «No fue un accidente fortuito», opinaron los autoconvocados, agregando que no se puede tomar el hecho como aislado, ya que el hombre sufrió graves quemaduras tras la explosión de la garrafa. Según los vecinos, la situación se debió a la falta de obras y demoras en las conexiones de gas, lo que expone a cientos de familias a vivir una situación similar.
El reclamo también estuvo atravesado por el malestar hacia el gobernador, a quien acusaron de no brindar respuestas concretas. “Estamos cansados y agotados totalmente de que juegue con nosotros, al desgaste y a que pasemos frío”, expresó una vecina.
Según señalaron, el conflicto ya no pasa únicamente por la continuidad del subsidio, sino por la falta de avances en obras que consideran fundamentales para miles de hogares fueguinos. “Tenemos red de gas enfrente y no tenemos las obras terminadas. Entonces, ¿qué pasó con la plata?”, cuestionaron.
En el escrito presentado ante el Gobierno provincial, los vecinos reclamaron que parte de los fondos acumulados por el FAMP sean destinados a finalizar las conexiones domiciliarias de más de 6.500 familias.
Mientras esperan una contestación oficial, advirtieron que continúan en estado de alerta y que podrían endurecer las medidas si no hay respuestas. Entre las alternativas evaluadas surgió la posibilidad de realizar un corte sobre el puente General Mosconi, aunque todavía no existe consenso interno sobre esa medida.
Los autoconvocados también criticaron las exigencias administrativas para acceder a la devolución de los 200 kilos subsidiados de gas. “Te inspeccionan hasta el punto y coma del DNI y mientras tanto la gente se queda sin gas”, manifestaron.
En medio de la incertidumbre, describieron un escenario social cada vez más complejo en la zona sur de Río Grande. “Muchas familias hoy tienen que decidir entre calefaccionarse o comer”, lamentaron.
La próxima asamblea será una vez cumplido el plazo de 48 horas otorgado al Ejecutivo provincial, donde definirán cómo continuará el plan de lucha.
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