El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur dará inicio este lunes 18 de mayo, a las 9, al debate oral y público por una de las causas judiciales más sensibles de los últimos años en Ushuaia: la investigación por presuntas maniobras defraudatorias vinculadas a las 128 viviendas de ATE en Barrancas del Río Pipo.
En el banquillo estarán Carlos Córdoba, secretario general de ATE en Ushuaia y principal nombre político del expediente; Miguel Ángel Arana, señalado como responsable del área de Vivienda del gremio; y Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado en una causa conexa por presunto lavado de activos.
La acusación sostiene que Córdoba y Arana deberán responder por 22 hechos de presuntas estafas reiteradas y defraudación por administración fraudulenta con falsificación ideológica de documentos. El eje del caso es la supuesta comercialización irregular de soluciones habitacionales que estaban destinadas a afiliados de la Asociación Trabajadores del Estado.
Según la hipótesis fiscal, distintas personas habrían entregado dinero, vehículos, cheques u otros bienes con la promesa de ser incorporadas a listados de beneficiarios de viviendas sociales. Esos listados, de acuerdo con la investigación, eran confeccionados desde el ámbito gremial y luego presentados ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), que intervenía en el control de los requisitos formales para acceder a las unidades.
El punto central que deberá ventilarse en el juicio es si desde la estructura de ATE se ofrecieron cupos o lugares en un programa habitacional, los que no podían ser comercializados discrecionalmente. Las viviendas formaban parte de un proyecto social ubicado en Barrancas del Río Pipo, destinado originalmente a afiliados del gremio estatal.
En el caso de Carlos Córdoba, la acusación le atribuye un rol clave por su condición de máxima autoridad sindical en Ushuaia y por las gestiones administrativas que, según la investigación, habría realizado ante el Instituto Provincial de Vivienda. También se le atribuye haber recibido reclamos de personas que aseguraban haber pagado para acceder a una vivienda.
Arana, por su parte, aparece señalado como la figura operativa dentro del área de Vivienda de ATE. La acusación lo ubica como quien habría tenido intervención directa en el contacto con damnificados y en la recepción de pagos vinculados a la promesa de acceso a las viviendas.
El tercer imputado, Erik Enrique Moscoso Panozo, será juzgado por presunto lavado de activos. La acusación sostiene que habría intervenido en operaciones relacionadas con maquinaria vial, cheques y contratos, presuntamente orientadas a dar apariencia lícita al origen de bienes y fondos vinculados a la causa.
De acuerdo con la información judicial difundida en torno al expediente, la investigación calculó que las presuntas maniobras habrían generado (en valores de aquella época) perjuicios por $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares, montos que habrían sido percibidos antes de 2018, cuando comenzaron a radicarse las denuncias.
Un expediente que tuvo más imputados
La causa tiene antecedentes que se remontan al menos a 2018, cuando la Justicia de Ushuaia avanzó con declaraciones indagatorias, secuestro de documentación y medidas de investigación sobre la presunta venta de viviendas sociales a personas que no formaban parte del universo legítimo de beneficiarios.
En 2019, el juez Javier De Gamas Soler dictó procesamientos contra varios involucrados. Entre ellos figuraban Córdoba, Arana, Lilian Carolina Galli, Gisela Edith Escobar y Moscoso Panozo. A Córdoba y Arana se les atribuyeron hechos de estafa y defraudación; mientras que otros imputados fueron vinculados al tramo de presunto lavado de activos.
Sin embargo, no todos los nombres que aparecieron en la etapa de instrucción llegan ahora al debate oral. Algunos fueron sobreseídos, otros quedaron fuera del tramo que será juzgado y el proceso finalmente se concentró en tres imputados: Córdoba, Arana y Moscoso Panozo.
El imputado que no llega al juicio
Uno de los nombres que apareció en el inicio de la causa no llegará al debate oral. Se trata de Daniel Alberto Belbey, quien había sido mencionado en los primeros tramos de la investigación por la presunta venta irregular de viviendas destinadas a afiliados de ATE.
Belbey fue sobreseído durante la etapa de instrucción, pero esa decisión respondió a que la acción penal se extinguió por su fallecimiento. Según los antecedentes difundidos en aquel momento, y publicados en radiofueguina.com, el hombre se quitó la vida en una de las tribunas del estadio municipal de fútbol de Ushuaia, cuando la causa comenzaba a tomar estado público.
Su muerte ocurrió en un contexto de fuerte conmoción alrededor del expediente. En esos mismos días también había sido violentamente agredido Miguel Ángel Arana, quien permaneció internado en terapia intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
Ese antecedente ayuda a explicar por qué el expediente tuvo originalmente más nombres bajo investigación, pero el juicio que comenzará este lunes quedó concentrado finalmente en Carlos Córdoba, Miguel Ángel Arana y Erik Enrique Moscoso Panozo.
El juicio
El Tribunal estará presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalía, acompañado por Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación estará a cargo del fiscal Daniel Curtale.
Las defensas serán ejercidas por el defensor público José María Fernández López y los abogados Marisel Banegas y Rodrigo Guidi. También intervendrán la querella particular y el Instituto Provincial de la Vivienda, a través de sus representantes legales.
Para el debate está prevista la convocatoria de alrededor de 90 testigos, aunque la cantidad final deberá ser confirmada durante el desarrollo del proceso.
El juicio llega después de años de investigación y pondrá bajo análisis una trama que combina déficit habitacional, estructura sindical, presiones políticas, fondos públicos, listados de adjudicación y presuntos pagos irregulares. En una provincia donde el acceso a la vivienda es una de las demandas sociales más persistentes, el debate no solo buscará determinar responsabilidades penales: también volverá a exponer cómo se administraron soluciones habitacionales destinadas a trabajadores estatales afiliados a ATE.
Un operativo llamativo de seguridad
La realización del juicio que tiene como principal acusado a un alto dirigente sindical con fuertes contactos políticos llega rodeado de un llamativo y aparatoso operativo de seguridad, ordenado por el Superior Tribunal de Justica, que significará una elevada erogación para las arcas úblicas.
Según la información de prensa distribuida por el Poder Judicial, «para garantizar el normal desarrollo del juicio oral y público» que comenzará el próximo lunes 18 de mayo en el edificio de Tribunales de Congreso Nacional 502, se han dado órdenes precisas.
Las disposiciones alcanzan tanto al personal judicial que cumple funciones en el lugar como a las personas que concurran a utilizar el servicio de justicia.
Durante la jornada del debate y los días subsiguientes estará restringido el acceso vehicular y la circulación en las calles que rodean el edificio judicial: 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional. En ese marco, quienes deban asistir a Tribunales deberán tener en cuenta que no podrán utilizar los espacios de estacionamiento ubicados dentro del perímetro afectado por el operativo.
El control y cumplimiento de las medidas de seguridad estará a cargo de efectivos de la Policía Provincial.
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