El proceso de convocatoria a elecciones constituyentes en Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo de tensión institucional luego de que el Juzgado Electoral provincial resolviera no emitir, por el momento, el cronograma electoral para los comicios extraordinarios convocados por el gobernador para el 9 de agosto.
La jueza electoral Mariel Zanini dispuso correr vista al Ministerio Público Fiscal antes de adoptar una definición, en medio de un escenario atravesado por planteos judiciales y una reciente ley sancionada por la Legislatura que busca dejar sin efecto el marco normativo de la convocatoria.
La decisión quedó plasmada en un acta judicial en la que se señala que existe “una situación de inestabilidad respecto del proceso electoral convocado”, producto tanto del recurso de queja actualmente en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la reciente sanción legislativa que deroga la norma que sustenta la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.
En ese contexto, Zanini consideró necesario actuar “con la prudencia que las actuales circunstancias imponen, a fin de preservar la confianza pública en los procesos electorales”. La magistrada sostuvo que avanzar con el cronograma podría generar mayores inconvenientes, ya que “implicaría ordenar, coordinar y publicitar los plazos legales correspondientes a las distintas etapas electorales”, con “el consecuente riesgo de frustración, suspensión o alteración del proceso electoral”.
Antes de resolver, el juzgado remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que intervenga en función de “el orden y el interés público” comprometidos en el expediente. Esa intervención podría derivar en un dictamen sobre si el planteo debe continuar en la órbita del Juzgado Electoral o si corresponde la intervención del Superior Tribunal de Justicia ante un eventual conflicto de poderes.
Sorpresa en el Gobierno
La resolución generó una inmediata reacción del Gobierno provincial. El secretario Legal y Técnico, Emiliano Fossatto, calificó la decisión como “sorpresiva” y “totalmente rebatible”, y afirmó que el fallo que validó la convocatoria ya quedó firme en octubre de 2025.
“El juzgado electoral está preguntando por la potencial incidencia que puede tener la no resolución de la queja que hoy se encuentra en la Corte Suprema. Eso para nosotros es totalmente rebatible de manera directa”, sostuvo el funcionario. Según explicó, “la queja no tiene efectos suspensivos sobre el proceso” y “con eso se agota toda discusión”.
Fossatto también rechazó que la reciente ley sancionada por la Legislatura tenga impacto sobre la convocatoria electoral. “Hoy no tiene ninguna injerencia en el plexo normativo vigente porque no es una ley que esté promulgada o, en su defecto, vetada”, señaló.
Además, insistió en que “la ley 1529 es plena, el decreto es un acto jurídico válido” y consideró que “la inexistencia de duda solo genera extensión en el tiempo dentro de los procesos”.
“No hay ningún hecho contundente formal que hoy imposibilite a la jueza electoral la emisión del cronograma. Los plazos están corriendo, el proceso está cumplido y no existe, a criterio del Ejecutivo, una duda que se disponga para sanear”, concluyó el funcionario, quien adelantó que el Gobierno analiza los pasos a seguir frente a la resolución judicial.
El ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals, fue más allá en sus. definiciones: “No vamos a permitir que una jueza, con argumentos que no existen jurídicamente, paralice la voluntad popular. El Ejecutivo está evaluando todas las herramientas institucionales, políticas y judiciales para que se respete el cronograma».
Paara luego agregar, con contundencia: “Lo que hizo la jueza Zanini es un acto de irresponsabilidad institucional. Y si no lo corrige, que se haga cargo de las consecuencias políticas de retrasar la Constitución que los fueguinos nos merecemos” .
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