El juicio oral por las presuntas estafas vinculadas a las viviendas sociales de ATE en el barrio Barrancas del Río Pipo comenzó este lunes en Ushuaia con una audiencia cargada de tensión política y judicial, pero sobre todo con una declaración que impactó de lleno en el expediente.
Miguel Ángel Arana, uno de los tres imputados, apuntó directamente contra el secretario general de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba, al afirmar ante el Tribunal que el dinero recibido en las operaciones investigadas “era para él”, en referencia al máximo dirigente de ATE.
La primera jornada del debate oral dejó además otro elemento inesperado: Arana puso en duda la versión oficial sobre la muerte de Daniel Alberto Belbey, uno de los imputados originales de la causa, quien murió ahorcado en 2018 en una tribuna del estadio municipal de Ushuaia cuando el caso comenzaba a tomar estado público.
Primera jornada
La audiencia se desarrolló ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación es sostenida por el fiscal Daniel Curtale.
Antes de las indagatorias, la defensa de Córdoba planteó una nulidad que fue rechazada por el Tribunal. Tras esa resolución, el dirigente sindical decidió no declarar. Según trascendió en el marco del debate, tampoco había prestado declaración indagatoria durante la instrucción judicial, aunque sí había presentado un escrito mediante su defensa.
La situación cambió radicalmente cuando declaró Arana, señalado por la investigación como el responsable operativo del área de Vivienda de ATE. En una exposición atravesada por momentos de fuerte emotividad, sostuvo que Córdoba le solicitaba viviendas para personas que no eran afiliadas al gremio y aseguró que él no manejaba los listados de adjudicatarios.
También reconoció haber recibido dinero vinculado a las maniobras investigadas, aunque afirmó que actuaba como intermediario y que luego llevaba esos fondos al domicilio del titular de ATE Ushuaia. Según indicó, entregó dinero correspondiente a “siete o nueve viviendas” y en ocasiones ni siquiera sabía qué monto transportaba porque los paquetes llegaban cerrados.
Arana negó haber tenido control sobre las gestiones administrativas ante el Instituto Provincial de la Vivienda o ante el Gobierno provincial, pese a aparecer firmando documentación vinculada al proyecto habitacional. Además, aseveró haber sido víctima de amenazas y de una golpiza en medio de la causa.
En ese contexto, sorprendió al manifestar dudas sobre el supuesto suicidio de Belbey, quien había sido inicialmente investigado por la presunta venta irregular de viviendas destinadas a afiliados estatales. La referencia generó una verdadera conmoción en la audiencia.
Durante la jornada también se reprodujo un video grabado por el propio Arana, aparentemente mediante una cámara oculta, en una reunión interna de ATE donde varias personas reclamaban explicaciones a Córdoba por las adjudicaciones habitacionales.
El juicio investiga 22 hechos de presuntas estafas reiteradas y administración fraudulenta vinculadas a viviendas sociales que, según la acusación, habrían sido ofrecidas irregularmente a cambio de dinero, vehículos, cheques y otros bienes. De acuerdo con la hipótesis fiscal, las maniobras habrían generado perjuicios superiores a los 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares en valores de la época.
Además de Córdoba y Arana, también es juzgado Erik Enrique Moscoso Panozo por presunto lavado de activos. El debate continuará con la declaración de testigos y la producción de prueba documental en un proceso para el que fueron convocadas cerca de 90 personas.
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