El abogado Francisco Ibarra, representante legal del Colegio de Veterinarios de Río Grande, confirmó que el municipio ha remitido infracciones a la totalidad de las clínicas veterinarias de la ciudad por incumplir la ordenanza que establece guardias obligatorias.
En una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, Ibarra detalló la estrategia legal que emprenderá el gremio profesional, argumentando que la normativa municipal es «manifiestamente inconstitucional».
Según expuso, el Concejo Deliberante carece de competencia para imponer esta restricción a profesionales privados, ya que vulnera garantías constitucionales. «El municipio ha rechazado ese planteo como tal, pero a los efectos de poder cuestionar esta ordenanza en su aplicación, lo que hizo ahora el municipio es infraccionar a las distintas veterinarias», explicó Ibarra. Las infracciones, que aún no están vigentes, fueron enviadas al Juzgado de Faltas, donde el Colegio solicitará una audiencia para plantear formalmente la inconstitucionalidad.
Ibarra fundamentó el recurso en que la ordenanza 4552 excede el marco de las competencias municipales. «Esta restricción como tal tiene que ser impuesta por una ley, una ley formal, y el Concejo Deliberante no está facultado para hacerlo», afirmó.
El letrado explicó que el municipio sí tiene potestad para establecer este tipo de obligaciones para sus empleados públicos, pero no para los particulares. «Cada particular regula su actividad en su negocio conforme lo entienda que corresponde. Si yo quiero, atiendo a la noche, si no quiero, no atiendo», ilustró. El abogado también señaló que la medida implica costos operativos que recaen exclusivamente sobre los profesionales, cuestionando quién asumiría esos gastos si no se realizan consultas durante la guardia.
El proceso judicial recién comienza. Ibarra aclaró que el próximo paso es la audiencia ante el Juez de Faltas, donde presentarán el planteo de inconstitucionalidad. «Si el juez de faltas entiende que es constitucional, nos aplicará la infracción y nosotros recurriremos, que ahí tendremos habilitada la instancia a sede judicial», anticipó.
Mientras tanto, las multas, que ascienden a 500 unidades fiscales, permanecen en suspenso hasta que la Justicia se expida sobre el fondo del conflicto legal que enfrenta al Colegio de Veterinarios con la Municipalidad de Río Grande.
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