El Gobierno avanza con un decreto para disolver Vialidad Nacional

El Ejecutivo nacional se prepara para publicar un decreto que disolverá la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. La medida forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

El decreto se conocería antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas del Ejecutivo. Aunque aún no hay fecha oficial, quedan días hábiles para su publicación.

Con este cambio, las funciones de los organismos eliminados pasarán a estar bajo la órbita de otras dependencias estatales. Por ejemplo, la Gendarmería Nacional asumirá tareas de control y fiscalización del tránsito y el transporte terrestre en rutas nacionales, pasos internacionales y Áreas de Control Integrado. A su vez, la Secretaría de Transporte absorberá funciones como los cursos de seguridad vial y la gestión de convenios actualmente a cargo de la ANSV.

En cuanto a la Dirección Nacional de Vialidad, sus atribuciones serán transferidas al Ministerio de Economía, que pasará a encargarse de las concesiones de obras viales, el mantenimiento de rutas nacionales y la administración de sus recursos financieros. La planta de empleados se mantendría en sus funciones de forma transitoria, y los activos serán derivados a cuentas de la Tesorería General de la Nación.

El argumento oficial para estas disoluciones es la «superposición de funciones» entre organismos. Por ejemplo, las tareas de fiscalización y prevención de accidentes que realizan la Comisión Nacional de Tránsito y la ANSV también están bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte Automotor.

En ese mismo sentido, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que supervisa operadores ferroviarios y talleres de revisión técnica, también será eliminada. El Gobierno sostiene que sus funciones ya fueron restringidas por normas anteriores y que se solapan con otras áreas.

El decreto también incluirá la creación de una nueva Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que fiscalizará los contratos de obras viales, líneas ferroviarias y servicios de transporte público nacional. Esta agencia será la autoridad de aplicación para la normativa vigente y la que recaude tasas y aranceles vinculados a las concesiones.

Finalmente, la actual Junta de Seguridad en el Transporte será transformada en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, limitando su competencia únicamente a hechos relacionados con la aviación civil.