El Gobierno nacional aprobó el nuevo proceso productivo para la fabricación de acondicionadores de aire en Tierra del Fuego, una modificación impulsada expresamente por las cámaras empresarias del sector y que comenzará a regir el 15 de diciembre. La medida redefine las operaciones que deberán realizarse en la provincia para que los equipos acrediten origen fueguino y puedan acceder a los beneficios de la Ley 19.640.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La actualización había sido promovida conjuntamente por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), con intervención durante el trámite del Gobierno provincial y de la Comisión para el Área Aduanera Especial.
El nuevo esquema reemplazará al proceso productivo establecido en 2018 y alcanza a diferentes tipos de acondicionadores de aire. La resolución determina las operaciones necesarias para considerar que existe una “transformación sustancial” dentro del Área Aduanera Especial y, por lo tanto, reconocer el origen fueguino de los productos terminados.
Las empresas que actualmente fabrican bajo las condiciones vigentes dispondrán de 180 días corridos desde la entrada en vigor del nuevo esquema para adecuarse. Después deberán tramitar un nuevo inicio de producción, incluso para aquellos modelos que ya cuentan con acreditación de origen.
La publicación de la medida generó una fuerte preocupación entre los trabajadores industriales. El referente de ASIMRA Javier Escobar sostuvo que el cambio permitirá que diferentes componentes y subconjuntos lleguen a Tierra del Fuego con un mayor grado de elaboración, reduciendo las tareas que se realizan dentro de las plantas.
Escobar advirtió que la modificación alcanza operaciones vinculadas con montaje, placas, unidades compresoras, radiadores, condensadores, chapas, mallas, válvulas, capacitores y otros subconjuntos. Según su interpretación, “hay mucho volumen del producto final que ya va a venir directamente instalado, ensamblado, o en muchos casos soldado”, con el consecuente impacto sobre las líneas de producción locales.
Preocupación por el empleo
El punto más sensible está relacionado con la cantidad de mano de obra que requerirá el nuevo proceso. Escobar estimó que los cambios podrían representar “una disminución entre un 40, un 50% de puestos de trabajo” vinculados con la fabricación de estos equipos y mencionó una eventual pérdida de alrededor de 3.000 empleos. Se trata de una proyección sindical que no aparece cuantificada en la resolución nacional.
Desde ASIMRA también plantearon que el efecto podría extenderse fuera de las propias terminales. La llegada de productos con mayor nivel de terminación reduciría, según el gremio, actividades asociadas con proveedores y pymes que actualmente participan en distintos segmentos de la cadena, desde determinados componentes hasta materiales impresos y otros insumos.
La preocupación se incrementa porque, aunque la resolución comenzará a regir formalmente en diciembre, la planificación industrial y la importación de kits se realizan con varios meses de anticipación. Escobar señaló que los productos tienen “una demora de tres, cuatro meses” y consideró que las compras destinadas al nuevo esquema ya podrían encontrarse en marcha.
El dirigente cuestionó además que la modificación haya avanzado sin participación de los trabajadores y sostuvo que el resultado confirma las advertencias formuladas durante el tratamiento del tema en la Comisión para el Área Aduanera Especial.
Uno de los argumentos centrales de ASIMRA es que la reducción del proceso local no necesariamente implica una pérdida de rentabilidad para las compañías. “La industria con esto no pierde rentabilidad, lo que se pierde son puestos de trabajo”, afirmó Escobar, al plantear que el principal efecto recaerá sobre trabajadores y trabajadoras.
La resolución, por su parte, no establece despidos ni determina una reducción específica de personal. Tampoco cuantifica su impacto laboral. Su consecuencia concreta dependerá de cómo cada fabricante reorganice sus líneas, del grado de integración que mantenga y de los modelos que produzca bajo las nuevas condiciones.
El cambio abre así una nueva discusión sobre el futuro del régimen industrial fueguino. Mientras las cámaras empresarias consiguieron la actualización del proceso productivo que habían solicitado, desde el ámbito sindical advierten que una menor cantidad de operaciones realizadas en la isla puede traducirse en una reducción significativa de la mano de obra necesaria para fabricar acondicionadores de aire.
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