El Gobierno Nacional contrató un estudio de abogados por más de $20 millones al mes para auditar el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), que gestiona $185 mil millones. Esta decisión fue tomada después de haber cancelado en 2024 un acuerdo con una universidad, con el objetivo de reducir costos.
La información fue confirmada por el Ministerio de Economía en respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica). López cuestionó el régimen de beneficios fiscales a las fábricas de Tierra del Fuego y propone eliminar este fondo fiduciario, además de exigir que las ensambladoras paguen impuestos y liberar el mercado de electrónicos para bajar los precios a los consumidores.
El FAMP, que continúa intacto bajo esta administración, está presidido por Noelia Ruiz, ex diputada provincial del PRO, quien tiene vínculos cercanos con Santiago Caputo. Aunque Ruiz desempeña su cargo «ad honorem», también cobra como directora del ARSAT.
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