Hay coincidencias que, aun cuando puedan explicarse jurídicamente, resultan difíciles de digerir socialmente. Carlos Córdoba fue excarcelado por el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego el mismo día en que una elección sindical de lista única lo consagró como máxima autoridad provincial de la CTA. Hasta ese momento estaba preso. Y sigue condenado -aunque la sentencia todavía no esté firme- a cinco años de prisión por 22 estafas vinculadas con un plan de viviendas sociales.
La sucesión de acontecimientos ofrece una postal difícil de separar de esa idea tan repetida en la política argentina: los privilegios de la casta. En Tierra del Fuego, Córdoba parece haber encontrado una versión particularmente eficaz. Mientras cualquier ciudadano condenado por estafar a personas que buscaban una vivienda probablemente cargaría con un severo reproche social, el dirigente atravesó las últimas horas entre una consagración sindical y una resolución judicial que le devolvió la libertad.
Conviene distinguir los hechos para no deformarlos. El STJ no absolvió a Córdoba, no anuló la condena ni revisó todavía su responsabilidad en las estafas. Los jueces Javier Muchnik, Ernesto Löffler, Edith Cristiano y Gonzalo Sagastume consideraron que no existían elementos objetivos suficientes para mantener la prisión preventiva mientras continúa la discusión judicial de una sentencia que no adquirió firmeza.
El dirigente había permanecido detenido desde el 29 de mayo, cuando el Tribunal de Juicio lo condenó junto con Miguel Ángel Arana a cinco años de prisión efectiva. Ambos fueron considerados coautores de 22 estafas cometidas entre diciembre de 2013 y fines de 2017 alrededor del proyecto de 128 viviendas de ATE en Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia.
La Justicia tuvo por acreditado un mecanismo mediante el cual personas interesadas en acceder a una vivienda entregaron dinero, dólares, vehículos, cheques y otros bienes.
En los fundamentos de aquella sentencia, Córdoba fue ubicado como una pieza relevante para otorgar credibilidad institucional a las promesas realizadas a los damnificados. No se trata, por lo tanto, de una acusación pendiente de juicio: existe una condena dictada después del debate oral, aunque jurídicamente todavía pueda ser revisada.
Precisamente esa falta de firmeza abrió las dos puertas que este jueves produjeron una escena cuanto menos incómoda. Por un lado, permitió que Córdoba continuara habilitado para competir por la conducción de la CTA provincial. Lo hizo encabezando una lista única mientras permanecía encarcelado. Por otro, el STJ entendió que la pena impuesta no podía justificar por sí misma su detención y valoró que durante la investigación y el juicio había cumplido los requerimientos judiciales sin intentar fugarse ni obstaculizar el proceso. Incluso el fiscal ante el Superior Tribunal, Eduardo Urquiza, acompañó la excarcelación.
Todo puede encontrar así una explicación normativa. Lo que resulta bastante más difícil es explicar la imagen institucional que deja la secuencia.
Mientras 22 estafas reconocidas por una sentencia continúan esperando una definición firme, el principal condenado no solamente recupera la libertad: lo hace exactamente el día en que resulta elegido para representar a los trabajadores estatales fueguinos desde la conducción de una de sus centrales sindicales. La simultaneidad puede ser fortuita y ambas decisiones pertenecen a ámbitos completamente diferentes. Su impacto público, sin embargo, es inevitable.
El problema excede la legalidad de la candidatura y los fundamentos técnicos de la excarcelación. Es la distancia entre aquello que las instituciones permiten y aquello que la sociedad observa. Córdoba sale de prisión condenado pero todavía amparado por sus posibilidades recursivas y, al mismo tiempo, fortalecido políticamente por una estructura sindical que decidió mantenerlo en la máxima representación provincial.
No hace falta alterar un solo hecho para advertir la paradoja. En la Tierra del Fuego de este jueves, estar condenado por 22 estafas no impidió llegar a la conducción de la CTA y estar preso no impidió resultar electo. Horas después, tampoco impidió recuperar la libertad.
Para buena parte de la ciudadanía, semejante combinación difícilmente pueda percibirse como normalidad institucional. Más bien ofrece una síntesis incómoda de los beneficios que parecen acompañar a quienes, aun atravesados por una condena penal, continúan perteneciendo a las estructuras de poder de Tierra del Fuego.
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