La elección que desarrolla este jueves la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) en Tierra del Fuego presenta una situación tan legalmente posible como difícil de justificar desde cualquier parámetro de responsabilidad institucional. Carlos Córdoba, ex secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se encuentra preso desde el 29 de mayo y condenado a cinco años de prisión efectiva por estafas reiteradas en 22 hechos. Aun así, es candidato a conducir la central sindical fueguina.
Córdoba encabeza la nómina para ocupar la Secretaría General de la Comisión Ejecutiva Provincial y, simultáneamente, figura como primer candidato titular por Tierra del Fuego para integrar el Congreso Nacional de la CTA. La candidatura doble forma parte de la Lista 1 a nivel nacional y fue admitida por la Junta Electoral Nacional de la organización. No se conoce públicamente, hasta el momento, si existieron impugnaciones contra su postulación.
La particularidad jurídica que permite semejante escenario es que la condena todavía no se encuentra firme. Esa circunstancia mantiene habilitados determinados derechos del dirigente y, en principio, hace posible su candidatura. Pero reducir la discusión a aquello que formalmente está permitido significaría ignorar la dimensión más inquietante del caso: la legitimidad moral de pretender representar nuevamente a trabajadores mientras se cumple prisión por delitos cometidos precisamente alrededor de un plan de viviendas sociales vinculado con integrantes del propio gremio.
La situación resulta todavía más controvertida porque Córdoba no aspira a una representación meramente simbólica. Pretende convertirse en secretario General de una organización provincial, una función ejecutiva que supone conducción cotidiana, representación institucional, reuniones, negociaciones y decisiones permanentes. Resulta difícil explicar de qué manera podría ejercer normalmente esas responsabilidades mientras permanece privado de su libertad.
Tampoco existe incertidumbre electoral que permita considerar la candidatura como una expresión testimonial. En Tierra del Fuego se presenta una lista única, por lo que el resultado de los comicios de este 20 de agosto aparece definido de antemano. La CTA podría terminar proclamando como máxima autoridad provincial a una persona que se encuentra actualmente en prisión.
Si la sentencia adquiriera firmeza, la situación necesariamente debería resolverse mediante los mecanismos previstos por la normativa aplicable y el estatuto sindical: Córdoba tendría que apartarse, renunciar o solicitar licencia, según corresponda, dejando la conducción efectiva en manos de quien lo sucede en la lista. La regulación de las asociaciones sindicales y el ejercicio de sus cargos se encuentra además dentro del ámbito de la legislación nacional.
Sin embargo, la discusión excede ampliamente la letra de las normas. Que una candidatura pueda atravesar los filtros reglamentarios no significa que resulte ética ni institucionalmente aceptable. La CTA y sus autoridades electorales tendrían que explicar por qué consideraron razonable habilitar esta situación.
Porque detrás de estatutos, recursos judiciales y tecnicismos existe una cuestión elemental: los trabajadores son convocados a legitimar una conducción encabezada por un dirigente encarcelado y condenado por 22 estafas. Convertir esa anomalía en normalidad mediante una lista única no fortalece la representación sindical. La degrada y transforma una elección en una preocupante burla hacia los propios trabajadores que dice representar.
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