En horas de la mañana de este 29 de abril, se llevó adelante una conferencia de prensa en la sede del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, encabezada por el secretario Penal del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente.
El Dr. Juan Vicente, se refirió (como tema excluyente) al estado de la causa por presuntas torturas en Malvinas durante la guerrar, sumario que se instruye en ese Juzgado desde el año 2007.
La atención se centra actualmente en la decisión pendiente de la Corte Suprema de Justicia sobre si estos actos constituyen delitos de lesa humanidad y, por ende, no están sujetos a prescripción.
Sobre esta situación habló en exclusiva para ((La 97)) Radio Fueguina el Dr. Juan Vicente quien explicó que, tras una decisión de la casación, se consideró, contrariando el fallo de primera nstancia, que los presuntos delitos estaban prescritos al no ser catalogados como de lesa humanidad.
Sin embargo, la revisión de la Corte Suprema será determinante para definir si la investigación puede continuar. «La Corte debe decidir ahora si estos delitos fueron de suficiente gravedad como para ser considerados de lesa humanidad y deben ser investigados«, señaló el letrado.
En cuanto a las perspectivas que se abren, el Secretario del Juzgado Federal destacó que la decisión de la Corte afectaría la totalidad de la investigación, la cual involucra a varios imputados.
“En este momento hay cuatro imputados que fueron procesados, que han llegado a distancia de la Corte por un planteo de nulidad y otros cuatro imputados que fueron independientes por otro lado, digamos a plantear lo mismo”, aseguró.
Además, hizo hincapié en los intentos de las Fuerzas Armadas por obstruir la causa, mencionando una supuesta directiva general para evitar denuncias y una posterior actividad para impedir testimonios:
“En la resolución cuando se resolvió la situación de la presunta responsabilidad de los imputados que se indagaron, la jueza consideró que hubo un plan del Estado para evitar que hubiese denuncias”, explicó el Dr. Vicente. “Fue inclusive una directiva general de las Fuerzas Armadas que impedía que se tomasen denuncias por estos hechos”.
“Después hubo una actividad por parte incluso en democracia de las Fuerzas Armadas para impedir que se den testimonios respecto a esto y perseguir a ciertas organizaciones que querían nuclear a los excombatientes con lo cual evidentemente están más o menos acreditado que el Estado tuvo una intención de evitar que hubiese una investigación de estos hechos”, agregó.
El Dr. Vicente subrayó la importancia de la decisión de la Corte Suprema, ya que determinará el curso futuro de la investigación. «La Corte Suprema tiene la llave para que la causa continúe«, concluyó.
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