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Torturas en Malvinas: La Jueza Federal de Río Grande definió quiénes serán los próximos indagados

Seis militares, exintegrantes del BIM 5, declararán por videoconferencia cuando las condiciones estén dadas para concretar el trámite. Uno de ellos es el Capitán Omar Parada. Habilitaron Feria Judicial en la causa.

Un nuevo paso adelante registró la causa en la que se investigan presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas. La Jueza Federal de Río Grande, Mariel Borruto, a cargo de instruir el proceso, habilitó plazos e instancias judiciales a pesar de la feria impuesta en el marco de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en el país.

En ese contexto, la magistrada pidió a la Fiscalía que defina las acusaciones que pesan sobre seis de los imputados, a los fines de someterlos a las respectivas declaraciones indagatorias.

Ellos son el General de Brigada Omar Parada, el Teniente Coronel Jorge Raúl Masiriz, los Mayores: José Guillermo Díaz, Emilio Samyn Ducó y Horacio Francisco Vlcek, y el Capitán José Aníbal Santiago Cadelago. Todos los nombrados se desempeñaron como miembros del Regimiento de Infantería N° 5, dependiente de la III Brigada de Infantería con asiento en Curuzú Cuatiá, de Corrientes. Las actuaciones penales se circunscriben a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú.

Tal como ocurrió con otros cuatro militares en noviembre de 2019, los acusados serán sometidos a indagatoria a través del sistema de videoconferencia, cuando las condiciones estén dadas. Las restricciones impuestas por la cuarentena vigente en el país hacen imposible llevar adelante el trámite remoto -argumentaron fuentes del Juzgado de Río Grande- motivo por el cual no se estableció aún la fecha para realizar el procedimiento procesal.

 

Parada y un historial vergonzoso:

Raúl Omar Parada, hoy de 93 años, (en 1982 tenía 55) es el oficial imputado de mayor jerarquía. Oportunamente, el alto generalato que redactó el Informe Rattenbach pidió sanciones contra él por sus deficientes actuaciones durante la guerra.

Según el Informe, «una falla evidente se notó en la conducta del comandante de la III Brigada de Infantería, el general Parada, quien se ocupó muy poco de sus tropas. Aún cuando una parte estaba subordinada a la X Brigada de Infantería, debió haberlas visitado para preocuparse por el estado físico y moral de ellas. Lo mismo pasó con el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, que se hallaba en Darwin y los regimientos 5 y 8 ubicados en Gran Malvinas, ambos a su cargo».

El informe Rattenbach agrega además que; «su traslado a Darwin (de Parada) le fue indicado por el general Menéndez verbalmente, antes de la orden del 26 de mayo, que confirmaba por escrito la necesidad de ese desplazamiento. Si él hubiese estado presente en Darwin, donde aparte del 12 de Infantería, había una campaña del Regimiento 25 y además problemas de la población, posiblemente la lucha del 27 y 28 de mayo se hubiera desarrollado en forma diferente».

Las acusaciones hacia el General Parada, también provinieron además del general Martín Balza, ex jefe del Ejército argentino, quien durante la guerra de Malvinas combatió al frente de un grupo de Artillería. Balza indicó que «el general Omar Parada no fue a visitar nunca a su tropa a Pradera del Ganso. Su tropa combatía allí. Hasta Menéndez le dio orden de trasladarse. No lo hizo porque decía que no había seguridad».

La resolución de la jueza, permite inferir que las seis indagatorias se realizarán mediante videoconferencia, modalidad utilizada en el mes de noviembre del año pasado, para tomar declaraciones a los cuatro primeros militares que en febrero, fueron procesados en el marco de la Causa 1.777: Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Gustavo Adolfo Calderini y Eduardo Luis Gassino.

En la misma disposición judicial, Borruto decidió no hacer lugar al llamado a testimoniar al exsoldado conscripto Walter Acuña y al General Martín Balza.

Esta causa se inició en 2007 y tiene a 95 militares denunciados por 105 casos, cometidos contra más de 120 víctimas. En febrero pasado, en una sentencia histórica de más de 70 fojas, Borruto concluyó que hubo un «despliegue» por parte del «Estado terrorista de acciones de inteligencia y psicológicas contra las víctimas de torturas, por medio de los que montaron el aparato de impunidad».

 

(con información de Agenda Malvinas)

 

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