Los ecos del escándalo que tuvo como escenario al local de reuniones denominado “La Mateada” no se han apagado y la polémica involucra a cada vez más funcionarios.
El lugar, cedido por el gobierno provincial para desarrollar actividades culturales ha devenido en sitio de fiestas nocturnas y el pasado sábado (aunque no es la primera vez) se convirtió en escenario de una trifulca generalizada con botellazos y destrucción del mobiliario.
Uno de los ejes de la polémcia pasa por determinar quiénes son los responsables del lugar, presuntamente una organización civil, que debería estar registrada en la Inspección de Sociedades Jurídicas, mucho más si ha suscripto convenio alguno con el gobierno provincial.
Curiosamente, funcionarios de la IGJ se apersonaron este lunes en la sede de “La Mateada” con la intención de “ recorrer las instalaciones del lugar para recolectar documentación y dialogar con las autoridades”, según se informó en una gacetilla emitida por la secretaría de Información Pública.
Al respecto, la inspectora de la IGJ Gabriela Masset, refirió que “requerimos una serie de documentación y dialogamos con personas encargadas de dicha asociación. Entre ellas un pariente de Javier Calisaya, funcionario de la Municipalidad de Río Grande”, al que desde el gobierno provincial se sindica como máximo responsable de los eventos que se organizan en el local.
En relación a ello, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el mismo Calisaya admitió que estuvo a cargo de la presidencia de la polémica asociación hasta el 2012 y que desde entonces no tiene nada que ver con ella.
La nota oficial cita además declaraciones del ministro de Gobierno José Luis Alvarez quien habría dicho que “nos preocupa la situación de violencia en un espacio público” explicando que “el Gobierno provincial dio en comodato el lugar y nadie se quiere hacer responsable de la situación. Aquí había que verificar y controlar que estos espacios se utilicen para lo que son, un espacio cultural”.
El textual atribuido a Alvarez agrega que “El objeto social del convenio era para contener a los niños del barrio, no para que lo alquilen para fiestas privadas. Nuestra intención es rescindirlo viendo que las autoridades de la Asociación no pueden garantizar que se use pacíficamente, ya que nuestra idea como gobierno es pacificar y que los vecinos puedan encontrar un lugar para disfrutar, un espacio cultural y no que lo alquilen para fiestas privadas y se sucedan este tipo de hechos violentos”.
«Deberán pagar los daños»
Álvarez advirtió también que “los responsables deberán pagar los daños al inmueble” y que la directora de la Inspección General de Justicia María Eugenia Chiarvetto “se contactará con las autoridades de la Asociación para ver cómo sigue la situación de la personería de la asociación”.
“(Javier) Calisaya debería reconocer cierto grado de responsabilidad en los hechos, ya que no es la primera vez que tuvimos inconvenientes con este inmueble ya que anteriormente hubo venta de alcohol a menores”, reprochó el ministro, echando más nafta al fuego de la pelea política.
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