Remiseros pertenecientes a la Asociación Permisionarios de Remis Auto Río (A.P.R.A.R.) exigieron por carta documento al Fiscal Federal Marcelo Rapoport que se retracte de las acusaciones hechas contra la empresa. Lo intiman, asimismo, a que dé precisiones acerca de quiénes estarían sospechados de complicidad en una causa por trata de personas «para adoptar con urgencia las medidas correspondientes»..
Se trata de la agencia que fue denunciada públicamente por el Fiscal Federal de Río Grande, en el marco de la investigación que derivó el pasado 20 de agosto en allanamientos en «privados», la liberación de 6 mujeres y el secuestro de más de $300 mil.
Como llamativa derivación del mismo operativo, se allanó el local de la remisería ubicada en calle Libertad al 800, tras lo cual Rapoport declaró en varios medios que lo entrevistaron que “APRAR era la remisería con la que trabaja este privado” (sic).
A raíz de estos dichos, los titulares de la agencia allanada solicitaron a Marcelo Rapoport que «ratifique o rectifique sus dichos» y amenazan con denunciarlo por los perjuicios económicos que –aseguran- han ocasionado sus dichos, afectando además la reputación de la agencia que lleva 30 años de servicio en Río Grande, dando trabajo a 70 personas.
APRAR quiere saber de quién sospecha el Fiscal
Luego de que el Fiscal omitiera dar explicaciones claras y precisiones acerca de cuáles son los indicios que lo llevaron a ordenar el allanamiento al local de APRAR, se le reclama al funcionario que «en forma inmediata informe los nombres del personal involucrado para adoptar con urgencia las medidas correspondientes».
El presidente de la remisería, Jorge Eduardo Nieve, finaliza su escrito señalando que la agencia «se reserva de formular la correspondiente denuncia ante el Procurador General de la Nación” y “reclamar judicialmente al Estado Nacional los daños y perjuicios ocasionados».
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