La demanda vinculada con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion en el área de las Islas Malvinas tramita en el Juzgado Federal de Río Grande como una causa civil, centrada en un eventual daño ambiental y en la validez de operaciones autorizadas por el Reino Unido. El expediente se encuentra en una etapa inicial, previa a una definición sobre las medidas cautelares solicitadas.
En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el secretario del Juzgado Federal de Río Grande, Juan Vicente, precisó que “esto es una causa civil, donde lo que se está reclamando es respecto de un posible daño ambiental en la zona de las Islas Malvinas y el Mar Argentino”. Dentro de esa presentación, agregó, “se reclama justamente la ilegitimidad de la explotación petrolera por parte de unas empresas que están operando con autorización británica”.
La jueza federal ya resolvió la competencia para abordar el planteo. Según explicó Vicente, “los tribunales argentinos son competentes para evaluar la cuestión planteada”, al tratarse de “una competencia federal porque son cuestiones que atañen a los intereses de la nación, principalmente la cuestión ambiental”. A partir de la ubicación de la operación cuestionada, indicó que corresponde la intervención del Juzgado Federal de Río Grande.
El funcionario aclaró que el abordaje de asuntos relacionados con Malvinas no representa una novedad para el tribunal. “Ya la jueza federal y este juzgado en general ha intervenido en varias causas que tienen su epicentro en las Islas Malvinas”, señaló, aunque diferenció que los antecedentes habían tenido naturaleza penal, mientras que el actual proceso se encuadra en el fuero civil.
El enfoque ambiental incorpora, además, una discusión sobre intereses colectivos. Vicente sostuvo que “las decisiones en materia de extracción de recursos naturales es una política de Estado en la cual los Estados soberanos hacen un cálculo de costo y beneficio”, pero remarcó que en este caso “la decisión la adoptó Gran Bretaña sobre un territorio que la Argentina considera como soberano”. Por eso, añadió, se requiere evaluar judicialmente la situación planteada.
La demanda fue presentada por el centro de excombatientes de Malvinas de La Plata, CECIM, y una asociación de abogados ambientalistas. A pedido de la Fiscalía, se dio intervención a la Provincia para que defina si pretende participar, ya que “los hidrocarburos, como todos los recursos naturales, son de dominio de propiedad de las provincias”. También existe una presentación de la Municipalidad de Río Grande como interesada legítima, aunque todavía no se resolvió su eventual incorporación.
Antes de decidir sobre las cautelares destinadas a impedir el inicio de la explotación, la jueza requirió documentación y traducciones al castellano de partes de la demanda redactadas en inglés. “Junto a otras formalidades que también se pidieron, se tomará una decisión sobre la cuestión de las medidas cautelares”, explicó Vicente.
Estimó que la definición judicial llegará en los próximos días. Luego, la continuidad del expediente requerirá notificar a las empresas demandadas para que ejerzan su defensa, ofrezcan pruebas y participen de las instancias procesales.
Sin embargo, advirtió que la eficacia de cualquier medida dependerá de la intervención diplomática: “La actividad de la Cancillería, el compromiso con el que asuman estas acciones y las estrategias que enfrenten para poder dar curso a las medidas son esenciales” concluyó Juan Vicente.
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