La entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil modificó sustancialmente el tratamiento de los delitos cometidos por adolescentes, al establecer la responsabilidad penal desde los 14 años y ampliar las conductas alcanzadas. Para el abogado penalista Daniel Cesari Hernández, el cambio resulta adecuado, aunque su aplicación plantea exigencias procesales, constitucionales y estructurales que cada jurisdicción deberá resolver.
En ((La 97)) Radio Fueguina, el letrado recordó que anteriormente la persecución penal comenzaba a los 16 años y estaba limitada según la gravedad del delito. Ahora, explicó, “cualquier persona a partir de los 14 que cometa cualquier tipo de delito penal previsto en el código, en las leyes penales, es sometible a un proceso penal”. Incluso consideró que la reforma podría haber avanzado más: “En un momento me pronuncié a favor de los 13 años, me parece una buena edad. 14 no está mal, pero preferiría que fuese 13”.
Su posición se apoya en los cambios sociales y tecnológicos experimentados por los adolescentes. Cesari Hernández sostuvo que “ya no podemos pensar en una persona de 13 años como se pensaba cuando yo tenía 13 años”, porque actualmente “los chicos frente a la vida, frente a la comunicación, al conocimiento, tienen un acceso mucho más pleno y eso les permite interactuar y evolucionar mucho más rápido”.
La modificación de la edad de punibilidad, sin embargo, corresponde a una legislación nacional de fondo, mientras que el procedimiento queda reservado a las provincias. Allí estableció una distinción central: “lo que las provincias han cedido al Estado Nacional es la diagramación de las leyes de fondo”, mientras que la forma de investigar y juzgar “lo va a determinar cada provincia en particular”. Por eso, remarcó, las jurisdicciones no pueden alterar las condiciones establecidas por la norma nacional.
Desde esa interpretación cuestionó la medida cautelar conocida en Buenos Aires, que suspendió temporalmente la aplicación del régimen. Aunque aclaró que no había leído la resolución, afirmó: “Me parece que no es procedente, no corresponde que un juez suspenda la aplicación de una ley nacional en una provincia”.
Distinto sería, explicó, analizar su constitucionalidad frente a una situación concreta: “Lo que sí podría hacer un juez es suspender la aplicación de una norma a un caso determinado respecto de una persona determinada”.
Cesari Hernández también rechazó que la reforma implique necesariamente encarcelar adolescentes. “No, los pibes no van a ir presos”, afirmó al describir un sistema que exige proceso judicial, garantías constitucionales, declaración de culpabilidad y evaluación de alternativas antes de una privación de libertad. En esa arquitectura, enfatizó, “la nueva ley de minoridad no busca meter preso a los menores” y establece que “el encierro es el último recurso, el último de los últimos”.
Ese principio permite reemplazar en determinados casos la privación de libertad por otras respuestas. El objetivo, según su análisis, excede el castigo: “Lo que busca la ley es amparar primero, proteger, reencauzar y como último y último de los caminos, un encierro que de ninguna forma va a ser un castigo”. Cuando resulte inevitable, agregó, los establecimientos destinados a jóvenes deberán ser específicos y diferentes de los utilizados bajo esquemas anteriores.
La implementación en Tierra del Fuego concentra sus mayores reparos. Cesari Hernández señaló: “No tengo información de que haya algún proyecto firme, por ejemplo, para encarar la construcción de establecimientos carcelarios o de contención para menores”.
Tampoco conoce avances suficientes en la formación requerida: “No tengo conocimiento de que se hayan iniciado cursos específicos para lo que la ley manda”, y recordó que quienes tengan jóvenes bajo su responsabilidad deberán recibir instrucción especial.
La capacitación, advirtió, deberá alcanzar a todo el sistema. “Tampoco son los actuales fiscales y los actuales jueces los que pueden encargarse de este nuevo régimen directamente, porque van a necesitar una capacitación específica que por el momento no se les ha dado”, sostuvo. Esa preparación deberá extenderse al personal policial, penitenciario y judicial para incorporar herramientas que, según evaluó, todavía no están disponibles.
Ante la ausencia inicial de casos en la provincia, Daniel Cesari Hernández cerró su análisis con una advertencia sobre la necesidad de anticiparse: “Ojalá nunca suceda, pero tampoco podemos ser ilusos de decir no va a pasar. Si pasa tenemos que estar preparados”. Para sintetizar el desafío institucional que plantea la nueva legislación, concluyó: “Uno siempre se prepara antes, nunca durante y mucho menos después”.
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