El reciente cambio de posición del Gobierno nacional frente a la cuestión Malvinas despertó reparos en Matías Lapadula, quien puso en duda que los anuncios respondan a una modificación de fondo en la política de Javier Milei. Para el legislador de Provincia Grande, la defensa soberana también exige sostener el desarrollo económico, la industria y el empleo en Tierra del Fuego.
Durante una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, Lapadula partió de una definición compartida en el ámbito provincial: “La causa Malvinas nos pertenece a todo el pueblo fueguino”, y vinculó esa posición con otras iniciativas impulsadas frente a decisiones nacionales, entre ellas el intento de modificar la ley de tierras.
Sobre aquel episodio recordó que el Gobierno finalmente retrocedió, aunque interpretó que “no cambiaron de opinión, no les dieron los votos”, una experiencia que, a su criterio, obliga a mantener atención sobre los anuncios actuales.
Las recientes medidas contra empresas que explotan recursos en Malvinas fueron valoradas, aunque con reservas. Lapadula señaló que las herramientas legales ya existían y expresó: “Ojalá sea un cambio de postura real”, para inmediatamente ampliar el concepto de soberanía más allá de esas sanciones: “Es imposible hablar de soberanía sobre el Atlántico Sur, hablar de Tierra al Fuego como puerta de entrada a la Antártida, como proyección a nuestro Atlántico Sur, destruyendo nuestra industria, destruyendo el empleo”.
Desde esa perspectiva, consideró inseparables la cuestión Malvinas y el régimen de promoción industrial fueguino, al recordar que este último “fue creado justamente para eso”.
Su planteo alcanzó directamente a las políticas económicas nacionales: “Soberanía es el empleo en Tierra del Fuego, es el desarrollo de nuestra provincia en todo sentido”, mientras que las decisiones actuales, sostuvo, “van en el camino contrario, en la destrucción de nuestra industria, en imposibilitar que Tierra del Fuego se siga desarrollando”.
También recibió favorablemente la anunciada reactivación de la Base Naval Integrada de Ushuaia, pero recordó que “la obra se había suspendido y la suspendió el gobierno de Javier Milei”. Por eso consideró necesario conocer las condiciones del proyecto y la eventual participación estadounidense, al tiempo que ubicó el anuncio “con una estrategia de campaña de cara al año que viene”.
Las dudas se profundizan al analizar el giro presidencial sobre Malvinas. Lapadula se preguntó “qué cambió en la cabeza del gobierno y del presidente” y ensayó una explicación vinculada con el impacto social que volvió a adquirir la causa: “No sé, habrá cambiado por los resultados de alguna encuesta, de algún focus group que evidentemente lo dejó mal parado a todo el gobierno”.
Su conclusión fue categórica respecto de las motivaciones que atribuye al Ejecutivo nacional: “No creo que lo hagan por convicción, evidentemente hay detrás una estrategia electoral”. Por lo mismo, anticipó que continuará siguiendo el tema desde la Legislatura: “Creo que es una actitud hoy que les conviene, es conveniencia plantear este tema así”, y reclamó controlar que lo anunciado en cadena nacional efectivamente se cumpla.
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