Las pruebas PISA volvieron a colocar frente a la sociedad argentina una realidad que, en buena medida, ya era conocida. Los resultados de 2025 muestran retrocesos en Matemática, Lectura y Ciencias y confirman que una proporción muy elevada de adolescentes no alcanza los aprendizajes considerados básicos. El dato preocupa, pero difícilmente sorprenda.
El verdadero interrogante aparece después. Un diagnóstico, por preciso que sea, tiene escaso valor si no conduce a decisiones. En medicina permite identificar un problema para definir un tratamiento; en educación debería cumplir una función semejante. Medir sirve para conocer dónde están las dificultades, comparar resultados y establecer prioridades. Convertir cada evaluación en una discusión pasajera de cifras, posiciones internacionales y responsabilidades cruzadas significa desperdiciar buena parte de esa información.
La educación argentina arrastra dificultades desde hace muchos años y sus causas son suficientemente complejas como para resistir explicaciones sencillas. Pero hay una conclusión que debería estar fuera de discusión: los estudiantes no son responsables del sistema educativo que los adultos construyeron para ellos.
Saber qué ocurre para empezar a cambiarlo
PISA es una evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que examina a estudiantes de 15 años. No busca comprobar cuánto recuerdan de un programa escolar determinado, sino observar en qué medida pueden utilizar conocimientos y habilidades de Lectura, Matemática y Ciencias para resolver situaciones.
En 2025 participaron 91 sistemas educativos. En Argentina fueron evaluados más de 11.000 estudiantes de 412 escuelas. Apenas el 24% alcanzó el nivel básico en Matemática, mientras que lo hizo alrededor del 40% en Lectura y Ciencias. Además, casi la mitad presentó bajo desempeño simultáneamente en las tres áreas.
Son indicadores suficientemente contundentes. También deben interpretarse dentro de un escenario internacional de deterioro de aprendizajes y teniendo presente que ninguna prueba, por amplia que sea, puede explicar por sí sola toda la realidad educativa de un país. Su utilidad consiste precisamente en aportar evidencia para formular mejores preguntas y orientar políticas.
En Tierra del Fuego, esa discusión adquiere características propias. El problema no puede reducirse únicamente a cuánto dinero se destina a educación. Importa también cómo se utiliza, qué prioridades establece y, antes que cualquier otra consideración, cuántos días y horas efectivas de enseñanza reciben los alumnos.
Si las interrupciones del calendario escolar se vuelven recurrentes, cualquier debate sobre calidad comienza condicionado por una cuestión elemental: para aprender, primero tiene que haber clases. Los conflictos laborales, las responsabilidades gubernamentales, las dificultades presupuestarias y los problemas de infraestructura pueden tener razones diferentes y requieren respuestas específicas. Pero su acumulación termina produciendo una consecuencia común: menos continuidad educativa para los estudiantes.
Una responsabilidad compartida
La discusión debería abandonar la comodidad del diagnóstico. No alcanza con lamentar una nueva posición en una clasificación internacional ni con encontrar responsables circunstanciales cada vez que aparece una estadística negativa. Tampoco sirve exhibir esporádicos casos individuales de excelencia docente como demostración de que el sistema funciona. Esos reconocimientos son valiosos y merecidos, pero una experiencia extraordinaria no puede ocultar las dificultades que afectan cotidianamente a miles de alumnos.
Argentina posee una tradición educativa construida por generaciones de maestros que entendieron la enseñanza como una herramienta fundamental de desarrollo e integración. Recuperar algo de aquella vocación asociada históricamente con Sarmiento no significa idealizar el pasado, sino devolver a la educación una centralidad que hoy demasiadas veces queda relegada detrás de enfrentamientos sectoriales y urgencias sucesivas.
Eso exige presupuesto suficiente, pero también buena administración; docentes reconocidos y respaldados, pero también continuidad pedagógica; gobiernos capaces de planificar y sindicatos capaces de acordar; familias comprometidas y una sociedad dispuesta a exigir resultados sin convertir a la escuela en otro escenario de confrontación.
Los acuerdos quizá no sean perfectos. Pueden incluso ser precarios y requerir revisiones. Pero tienen que permitir un punto de partida elemental: escuelas abiertas, clases efectivamente dictadas, recursos orientados al aprendizaje y políticas educativas que sobrevivan a los cambios de gobierno.
PISA volverá a medir dentro de algunos años y habrá nuevas cifras para discutir. La cuestión decisiva es qué ocurrirá mientras tanto. Argentina ya dispone de suficientes diagnósticos para saber que tiene un problema. Seguir midiéndolo sin modificar las condiciones que lo producen terminaría convirtiendo la evaluación en un ritual.
La próxima prueba importante, en realidad, no será para los chicos. Será para los adultos responsables de garantizarles una educación mejor.
Comentarios