El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que parte del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas pero propone una reforma más amplia de las herramientas estatales frente a amenazas externas.
La propuesta reemplazaría la actual Ley 26.659, enfocada principalmente en hidrocarburos, por un régimen que abarque toda explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en Malvinas, sus espacios marítimos, las islas del Atlántico Sur y la Plataforma Continental Argentina. De ese modo, no sólo comprende actividades petroleras sino también, entre otras, la pesca.
Las sanciones previstas alcanzarían a empresas que desarrollen esas actividades, pero también a proveedores, financiadores, socios, accionistas, controlantes y quienes presten servicios logísticos, técnicos o de consultoría indispensables.
El proyecto contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión que, para la exploración o explotación no autorizada de recursos no renovables y determinadas actividades hidrocarburíferas, pueden llegar hasta 20 años.
Las firmas y personas sancionadas podrían perder permisos, beneficios fiscales o previsionales y contratos en la Argentina. Además, se crearía un registro público de infractores, con el que organismos nacionales, provincias, municipios y particulares no podrían contratar.
La iniciativa también prevé un régimen de desistimiento para quienes cesen las actividades cuestionadas, no reincidan y paguen una multa o reconviertan inversiones hacia emprendimientos autorizados en el país.
Uno de los cambios centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el jefe de Estado e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. Tendría la tarea de coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia bajo una estrategia común.
Ese Consejo podría adoptar medidas temporales ante riesgos graves e inminentes para la Seguridad Nacional. Entre ellas figuran restricciones a operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; bloqueos de fondos y activos; limitaciones al comercio exterior; suspensión de permisos y contrataciones, y aumentos transitorios de derechos de importación o exportación de hasta 75% para el Estado extranjero involucrado.
El texto también redefine la Defensa Nacional para incluir amenazas externas provenientes tanto de Estados como de actores no estatales, ya sean convencionales, cibernéticas o vinculadas con sabotajes contra instalaciones estratégicas. En ese marco, incorpora un régimen de protección para infraestructuras críticas, como redes de energía, comunicaciones, salud, servicios básicos y centros de datos.
En el espacio aéreo, establece una secuencia de identificación, advertencia y demostración de fuerza frente a aeronaves irregulares u hostiles. El uso de la fuerza quedaría reservado como último recurso y requeriría una orden expresa del Presidente, delegable en el ministro de Defensa.
Para embarcaciones, prevé desde la identificación y persecución hasta inspecciones, disparos de advertencia e inutilización; el hundimiento sólo podría disponerse ante un buque hostil, con autorización presidencial, y queda prohibido como sanción contra un barco civil.
Finalmente, el proyecto suma restricciones al financiamiento extranjero de campañas políticas, crea delitos vinculados con desinformación coordinada, espionaje y revelación de secretos, y eleva a rango legal el registro de personas y entidades relacionadas con terrorismo y su financiamiento.
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