La polémica generada por el amarre de un buque de bandera británica en el puerto de Ushuaia y su operatoria previa en la monoboya de Cullen reabrió en Tierra del Fuego un debate sobre soberanía, controles estatales y responsabilidades institucionales.
Para el legislador provincial Matías Lapadula, el episodio exige menos acusaciones políticas y más información sobre cómo se autorizó la actividad y si se respetó la normativa vigente.
En una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina, el legislador de Provincia Grande sostuvo que la reacción social es comprensible por el contexto fueguino, aunque remarcó que la respuesta institucional debe centrarse en esclarecer los hechos. “Es un tema hoy que está en boca de todos, nos preocupa, nos indigna a todos los fueguinos”, expresó, antes de explicar que desde su bloque presentaron dos pedidos de informes dirigidos tanto a la intervención del puerto como al Gobierno provincial.
La iniciativa legislativa apunta a reconstruir las circunstancias de la operatoria del buque y establecer qué organismos intervinieron. Para Lapadula, el eje de la discusión no debería ser quién responsabiliza a quién, sino determinar “cómo pasó esto y por qué, y si está dentro del marco legal”, ya que recordó que “que un buque de bandera británica recale en el puerto de Ushuaia no es ilegal de por sí”.
Esa verificación, afirmó, requiere conocer datos concretos sobre la embarcación. “Eso necesitamos saber, de quién es el barco, quién es el propietario, quién lo contrató, dónde trabajó, si tiene relación con alguna de las empresas o intereses de quienes están explotando ilegalmente nuestros recursos en las Islas Malvinas”, enumeró, al reclamar que el Ejecutivo provincial informe además cómo controla el cumplimiento de la Ley Gaucho Rivero.
La controversia quedó atravesada por las versiones contrapuestas entre Nación y Provincia sobre quién autorizó la operación. Frente a ese escenario, Lapadula cuestionó el intercambio de responsabilidades y pidió que las autoridades respondan con documentación. “Lo que necesitamos los fueguinos son explicaciones”, insistió, y no tanto “echarse culpas sobre un hecho que nos indigna a todos”.
Mientras los pedidos de informes esperan tratamiento legislativo para ser remitidos a los organismos correspondientes, advirtió que el caso no debería convertirse en una disputa mediática. “No necesitamos peleas, necesitamos defender los intereses de la provincia, los intereses del país y la soberanía”, señaló, al sostener que quienes tienen la responsabilidad de controlar deben explicar “realmente si lo están haciendo o no”.
Su análisis también alcanzó la política nacional sobre Malvinas. Allí fue especialmente crítico con la postura del Gobierno y sostuvo: “Creo que la política del gobierno nacional en relación a la causa Malvinas es inexistente y totalmente contraria a los intereses de la Argentina”. Más adelante calificó como “lamentables” las expresiones del vocero presidencial y sostuvo que el debate debería concentrarse en precisar si el buque estaba habilitado para operar, no en repartir responsabilidades.
A partir de este episodio, Lapadula planteó además la necesidad de revisar el marco legal vigente. Recordó que la Ley 26.659 fue sancionada en 2011 para desalentar inversiones vinculadas con la explotación ilegal de recursos en las islas, pero consideró que el escenario cambió y que hoy “tenemos que replantearlo”. Su propuesta apunta a ampliar las sanciones y extenderlas a cualquier empresa que participe o financie actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos argentinos en Malvinas.
El legislador finalmente confirmó que trabaja en un proyecto para dotar a la Provincia de nuevas herramientas, aunque subrayó que el reclamo excede las competencias locales. “La causa Malvinas es un tema de soberanía y la soberanía es nacional”, afirmó, al defender una estrategia coordinada entre Tierra del Fuego, el Congreso y el Estado nacional para fortalecer la posición argentina en el plano internacional y proteger los recursos naturales cuya titularidad corresponde a la provincia.
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