Las denuncias del diputado provincial Jorge «Coky» Araujo sobre presuntas irregularidades en el PAMI Tierra del Fuego generaron una fuerte respuesta de legisladores nacionales de La Libertad Avanza. Tanto Miguel Rodríguez como Santiago Pauli coincidieron en reclamar que, si existen elementos que permitan sospechar la comisión de un delito, las acusaciones sean presentadas ante la Justicia y no únicamente difundidas a través de los medios o las redes sociales.
Las sospechas planteadas por Araujo apuntan al presunto pago de estudios y prestaciones médicas que nunca se habrían realizado durante la gestión del exdirector del organismo, Fernando Ariel Polizzi. Entre los casos mencionados figuran supuestos controles de fertilidad realizados a mujeres de alrededor de 80 años.
La denuncia que desató el cruce político
La controversia comenzó luego de que el diputado provincial Jorge «Coky» Araujo denunciara presuntas irregularidades en el funcionamiento del PAMI Tierra del Fuego y anunciara que impulsará una comisión investigadora para esclarecer el manejo de fondos del organismo.
Según sostuvo, existen indicios de que se habrían facturado estudios y prestaciones médicas que nunca fueron realizados durante la gestión del exdirector Fernando Ariel Polizzi. Entre los casos mencionó supuestos controles de fertilidad practicados a mujeres de alrededor de 80 años.
«Estamos hablando de un posible fraude con recursos destinados a los jubilados y queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias», afirmó el legislador, quien aseguró contar con documentación para respaldar sus denuncias.
Rodríguez: «El camino institucional es la Justicia»
Miguel Rodríguez, de La Libertad Avanza, sostuvo que cualquier funcionario público que tome conocimiento de un posible hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo ante la Justicia para que sea investigado.
«Si un diputado entiende que existe un hecho de corrupción o un ilícito, debe presentarlo ante la Justicia. Después será la Justicia la que determine si existió un delito», afirmó.
El legislador explicó que una denuncia penal no requiere contar previamente con pruebas concluyentes, ya que la investigación corresponde a los órganos judiciales. En ese sentido, remarcó que «no alcanza con instalar el tema en los medios o las redes sociales» y cuestionó la posibilidad de impulsar ámbitos paralelos de investigación. «El camino institucional para esclarecer un posible hecho ilícito es la Justicia».
Pauli cuestionó la difusión de la denuncia
Por su parte, el también libertario Santiago Pauli aseguró que tomó conocimiento de las acusaciones «a través de publicaciones en redes sociales» y afirmó no haber recibido documentación ni información oficial sobre el caso.
El diputado sostuvo que desconoce si el proyecto para crear una comisión investigadora ya fue presentado y aseguró que Araujo tampoco mantuvo contacto previo con autoridades del PAMI ni con referentes de La Libertad Avanza.
Si bien reconoció la gravedad de las denuncias, consideró que la metodología utilizada por el legislador provincial «no resulta seria». En ese marco, ironizó sobre la documentación que Araujo afirmó poseer: «Va mostrando una carpeta de a poco. Si tiene pruebas, debería ponerlas inmediatamente a disposición de la Justicia».
Pauli sostuvo que, si las actuaciones ya fueron remitidas a una Unidad Fiscal de Investigación, corresponde esperar el avance de la investigación judicial. «Si el expediente ya está en manos de la Fiscalía, es ese organismo el que debe determinar si existieron irregularidades», señaló.
El legislador también remarcó que no descarta la existencia de maniobras irregulares dentro del PAMI, pero insistió en que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas y seguir los canales institucionales. A su entender, transformar una denuncia de esa magnitud en un debate mediático «no contribuye a esclarecer los hechos», sino que desvía el foco de una investigación que involucra el posible uso irregular de fondos públicos destinados a jubilados y pensionados.
Comentarios