Lo que comenzó como una consulta técnica sobre un estudio médico terminó convirtiéndose en una investigación de alcance institucional que hoy concentra denuncias por un presunto fraude millonario en el PAMI de Tierra del Fuego, derivaciones judiciales, una investigación parlamentaria y un fuerte impacto político que alcanza de lleno a dirigentes de La Libertad Avanza, entre ellos el ex director del organismo Fernando Polizzi, el diputado nacional Santiago Pauli y el actual director ejecutivo provincial del PAMI en la provincia, tío del parlamentario.
Modus operandi
El origen del caso se remonta a febrero de 2025, cuando el médico gastroenterólogo y prestador del PAMI, Carlos Mariño Camacho, fue contactado por el entonces auditor local, Juan Silvente, para que dejara de emitir órdenes correspondientes a un estudio denominado “biofeedback anorrectal” debido a que la cantidad era considerada excesiva.
La respuesta del especialista fue inmediata: sostuvo que ese procedimiento ni siquiera podía realizarse en la provincia porque no existían ni el equipamiento ni los profesionales capacitados.
Esa contradicción dio inicio a una investigación personal que, con el paso de los meses, fue incorporando documentación oficial, expedientes administrativos y respuestas de organismos públicos.
Según el profesional, la Dirección de Fiscalización Sanitaria certificó que distintos establecimientos de salud no contaban con la aparatología necesaria para realizar ese estudio, aunque las órdenes continuaban emitiéndose. Y facturándose.
«Había cientos de órdenes de biofeedback que no se hacían, pero se cobraban», afirmó posteriormente Mariño Camacho, quien en FM Ushuaia describió ese hallazgo como «la punta del iceberg».
A partir de allí comenzaron a aparecer otras presuntas irregularidades. Entre la documentación exhibida figuran órdenes para estudios de fertilidad destinados a mujeres de edad avanzada, incluso pacientes con antecedentes oncológicos o histerectomizadas, además de indicaciones incompatibles con sus condiciones clínicas. También se mencionan prestaciones facturadas mientras los supuestos pacientes se encontraban fuera del país y prácticas emitidas desde centros médicos que, según la documentación aportada, carecían del equipamiento indispensable para realizarlas.
El médico aseguró que durante más de un año intentó obtener respuestas por la vía administrativa. Recordó que mantuvo reuniones con el entonces director del PAMI fueguino, Fernando Polizzi (designado por la Administración Nacional de Puertos y Navegación en la intervención del Puerto de Ushuaia), además de presentar denuncias, ampliaciones, cartas documento y expedientes tanto en la delegación provincial como ante la Unidad Fiscal de Investigación del PAMI y posteriormente ante otros organismos de control.
«En marzo yo me puse en conocimiento de ciertas irregularidades, en marzo fueron mis primeras reuniones personales con el señor Fernando Polizzi», relató. Más adelante explicó que, al no obtener respuestas, decidió profundizar las presentaciones: «En marzo, al ver que no tenía respuesta, ya las radico directamente en UFI-PAMI».
Según su testimonio, el organismo nunca corrigió las situaciones denunciadas. Incluso sostuvo que continuaban apareciendo órdenes correspondientes a junio y julio de 2026 para prácticas que seguían siendo técnicamente imposibles de realizar en Tierra del Fuego.
Las estimaciones preliminares del denunciante ubican el posible perjuicio económico entre los 1.000 y 1.500 millones de pesos, cifra que deberá ser determinada por las investigaciones administrativas y judiciales.
Ingresa la política
La denuncia trascendió el plano sanitario cuando el diputado nacional Jorge Araujo Hernández impulsó en la Cámara de Diputados la creación de una subcomisión especial investigadora destinada a revisar el funcionamiento del organismo en la provincia. El legislador sostuvo que su intervención comenzó recién cuando el médico había agotado las instancias institucionales disponibles sin obtener respuestas.
En ese contexto apareció el principal frente político del caso. Araujo vinculó las responsabilidades administrativas con la gestión encabezada por Fernando Polizzi y remarcó su cercanía con el espacio de La Libertad Avanza. Polizzi, además de haber conducido el PAMI fueguino durante el período investigado, de la mano del senador Agustín Coto pasó posteriormente a desempeñarse en el gobierno interventor del puerto ushuaiense.
La difusión de la denuncia generó un fuerte cruce con el diputado libertario Santiago Pauli, quien cuestionó que el tema se expusiera públicamente antes de agotarse las vías judiciales. El tío del pastor Alberto Belmar, director ejecutivo provincial de PAMI, exige que, si existe un delito, debía denunciarse inmediatamente.
Araujo respondió que las actuaciones administrativas y judiciales ya venían desarrollándose desde marzo de 2025 y cuestionó que el legislador libertario concentrara sus críticas en la difusión del caso. «Lo verdaderamente grave sería que existieran maniobras irregulares con fondos destinados a la atención de los jubilados y algunos dirigentes pretendieran que todo permaneciera en silencio», sostuvo.
Mientras Mariño Camacho anunció que continuará incorporando nueva documentación y prevé formalizar una denuncia ante la Justicia Federal, la investigación avanza ahora en distintos frentes.
Más allá de las eventuales responsabilidades penales, el caso ya produjo un fuerte impacto político al involucrar a referentes de La Libertad Avanza y poner bajo escrutinio la conducción del PAMI fueguino durante la gestión de Fernando Polizzi, así como las respuestas posteriores brindadas por el espacio político al que pertenece Santiago Pauli y cuya representación provincial en el organismo hoy ejerce su familiar directo.
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