La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), arquitecta Laura Montes, respondió a los cuestionamientos planteados por la vecina riograndense Gisela Moledo y otros vecinos autoconvocados sobre el uso de los recursos, los mecanismos de adjudicación y la falta de respuestas frente a la demanda habitacional.
La funcionaria, en ((La 97)) Radio Fueguina, aseguró que el organismo brinda información cuando es requerida formalmente y sostuvo que hasta el momento no recibió ninguna denuncia institucional por las irregularidades señaladas públicamente.
Montes consideró necesario diferenciar el reclamo particular de Moledo de los planteos generales sobre el funcionamiento del organismo: “Sinceramente no tenemos ninguna denuncia, los sumarios son a personas físicas, no a instituciones y obviamente cualquier información que salga desde el instituto es pública por los canales correspondientes e inclusive por los canales que la señora menciona, siempre y cuando sean solicitadas formalmente”.
La titular del IPV confirmó que mantuvo una reunión con la vecina y que, ante sus consultas sobre el destino de los recursos, le proporcionó documentación. “Yo estuve con ella el viernes y me expresó esta posibilidad de saber cuál era nuestro presupuesto, en qué gastábamos el dinero”, relató, y precisó que posteriormente “le mandé el presupuesto actual de obras sin ningún tipo de problema porque entiendo que ella tenía una necesidad de saber cuál era el presupuesto y en qué se gastaba el dinero del IPV”.
Frente a las acusaciones formuladas por los autoconvocados, Montes remarcó los mecanismos institucionales existentes: “No tenemos formalizada ninguna denuncia por impugnación”, afirmó. Además, enumeró las instancias que fiscalizan al Instituto: “Tenemos muchísimos organismos de control, internamente hay una auditoría, está el Tribunal de Cuentas, está la Legislatura, está el Defensor del pueblo, está la Justicia”, y recordó que anualmente se presenta el presupuesto ante la Legislatura y su aprobación es publicada oficialmente.
La funcionaria vinculó el origen del planteo de Moledo con la situación habitacional de su hijo, inscripto desde 2022 y con discapacidad. Según explicó, la familia solicitó financiamiento para construir sobre un terreno propio, pero actualmente el organismo no dispone de esa alternativa: “Ella ha presentado un presupuesto para que le hagamos un préstamo a su hijo, que tiene un lote, y nosotros no estamos con operatoria de crédito, por lo cual nuestra respuesta no fue positiva”.
Esa negativa, indicó, derivó en preguntas sobre el destino de los fondos y posteriormente en la organización con otros vecinos. Montes aseguró que las presentaciones realizadas fueron atendidas y agregó: “Acá tengo su legajo y están todas contestadas sus inquietudes, tenemos actas cada vez que ella viene”.
Más allá del caso particular, reconoció que existe una demanda habitacional acumulada en un contexto marcado por la desaparición del financiamiento nacional. “El IPV está en una etapa de readecuación para su trabajo”, explicó, mientras se impulsa una modificación legislativa destinada a generar recursos provinciales para tierra y vivienda. Sobre las prioridades, remarcó: “Es verdad lo que dice la señora, hay acumulada demanda, pero siempre respetamos la antigüedad de inscripción”.
Montes también rechazó que las adjudicaciones dependan de decisiones discrecionales de las autoridades. “No soy yo ni ningún presidente el que decide arbitrariamente a quién le corresponde o no vivienda. Hay cupos, hay reglamentarias, hay personas profesionales dentro de todas las áreas del IPV que firman”, señaló.
Ante eventuales sospechas sobre casos concretos, dejó abierta la vía institucional: “Si ella tiene alguna denuncia particular de adjudicación, puede venir y hacerla”, y agregó que cualquier persona puede presentar formalmente un reclamo para que sea analizado.
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