La falta de respuestas sobre la situación habitacional y el funcionamiento del Instituto Provincial de Vivienda volvió a generar reclamos en toda Tierra del Fuego.
El viernes, vecinos autoconvocados de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia se manifestaron en la sede del organismo en Río Grande y plantearon la necesidad de acceder a información sobre presupuestos, obras, fondos y criterios de adjudicación.
Gisela Moledo, una de las vecinas que participa del reclamo, explicó en ((La 97)) Radio Fueguina que el planteo excede a quienes actualmente no tienen una vivienda. “Somos vecinos autoconvocados de las tres ciudades, Río Grande, Tolhuin y Ushuaia. Esto viene a raíz de que hay mucha demanda habitacional, que no es de ahora, es de hace muchos años”, definió.
La mujer remarcó que también buscan involucrar a quienes realizan aportes al organismo y consideran que tienen derecho a conocer el destino de esos recursos. “No se reclama solamente esto, lo quiero dejar bien claro, porque a esto se puede sumar toda la ciudadanía”, sostuvo, antes de señalar que el IPV “también es un ente autárquico, se maneja con fondos propios”.
El reclamo, según relató, comenzó mucho antes de la manifestación del viernes. Moledo recordó que el 22 de diciembre de 2025 presentaron “un pedido de sumario administrativo al Instituto Provincial de Vivienda y de impugnación de actos”, dirigido también a la Gobernación, y definió el objetivo de esa presentación como una búsqueda de “transparencia total”.
Entre los principales pedidos figura el acceso a los presupuestos y a información sobre las obras. La vecina aseguró que recientemente recibieron documentación correspondiente al presupuesto 2027 y cuestionó que esa información llegara mientras, según sostuvo, desde el organismo se plantea la falta de recursos. “Lo que se reclama es que den los números. Acá todos sabemos sumar, todos sabemos restar, todos sabemos leer, todos sabemos escribir”, desafió.
La demanda también incluye una auditoría que permita determinar qué obras fueron pagadas, cuáles permanecen paralizadas y qué fondos fueron utilizados. En esa línea, Moledo planteó: “Decimos ‘sentémonos’ y que nos den todos los números de las obras que se pagaron, desde cuándo están paradas”.
La vecina rechazó que el planteo se origine simplemente en una sospecha y sostuvo que existen situaciones concretas que deberían ser explicadas. “No es una duda, esto es visible”, afirmó, al referirse a obras y viviendas sobre las que los vecinos vienen solicitando información desde hace años.
Uno de los aspectos que mencionó fue la existencia de grupos familiares considerados en situación de vulnerabilidad. Según su relato, una trabajadora del organismo informó durante la reunión que serían 3.329 los grupos familiares comprendidos en esa condición. Moledo cuestionó entonces los criterios utilizados para definir las prioridades y reclamó explicaciones sobre el mecanismo de selección.
“¿Cuál es tu trabajo durante todo el año, si vos tenés asistentes sociales? ¿Cómo hacen para decidir a quién le van a dar y por qué? Ante eso no hubo una respuesta”, expresó.
Para los autoconvocados, la cuestión central no se limita a obtener una vivienda individualmente, sino a conocer qué políticas se están implementando para atender la demanda. “¿Cuál es el plan de acción que está haciendo el IPVyH para resolver esta demanda habitacional?”, planteó Moledo, y cuestionó las diferencias entre los anuncios de viviendas en ejecución y la situación que observan los vecinos.
El reclamo alcanza además a las obras que permanecen inconclusas. Moledo mencionó particularmente las escaleras de distintos edificios y sostuvo que algunas figuran en documentación como trabajos iniciados desde 2019. “Hay pruebas, hay fotos”, afirmó.
La vecina insistió en que el objetivo de la organización es reunir a los afectados de las tres ciudades y avanzar mediante herramientas administrativas y judiciales. “Pedimos, vecinos autoconvocados, darnos los números de todo, sentémonos, pedimos una auditoría, no puede ser que haya gente que hace más de 20 años espera una vivienda”, sostuvo.
Moledo aclaró además que el cuestionamiento no apunta exclusivamente a una persona determinada, sino a la administración del organismo. Frente a la falta de respuestas que denuncia, anticipó que continuarán con el reclamo colectivo y mencionó la posibilidad de recurrir a un amparo. “En un amparo colectivo, en el artículo 23 o 29 de la Constitución Nacional, dice que cualquier persona puede interponer una acción de amparo. Bueno, eso es a lo que vamos”, manifestó.
El planteo, según Moledo, busca incorporar a más ciudadanos, incluidos quienes realizan aportes al organismo. “Vos pagás tu cuota del IPV, sos un contribuyente. Tu dinero, es normal que quieras saber qué pasa con ese dinero”, concluyó, al insistir en que el objetivo de los autoconvocados es obtener información y respuestas sobre la política habitacional provincial.
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