La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de Gabinete de la Nación Manuel Adorni volvió a instalar el debate sobre una de las figuras más complejas del derecho penal argentino. El abogado penalista Daniel Cesari Hernández explicó los alcances del delito, los requisitos para que se configure y las particularidades del proceso judicial, además de cuestionar las penas previstas para este tipo de hechos.
En ((La 97)) Radio Fueguina, el letrado señaló que el enriquecimiento ilícito «es un delito bastante complicado», tanto desde el punto de vista jurídico como por su relación con las garantías constitucionales. Recordó que la Corte Suprema fijó criterios sobre esta figura en un fallo histórico vinculado con la ex funcionaria menemista María Julia Alsogaray y remarcó que el principio de inocencia sigue siendo la base de cualquier investigación penal.
En ese marco, precisó que siempre corresponde hablar de «presunto» enriquecimiento ilícito hasta que exista una resolución judicial. «Siempre que se hable de un delito o que se dice Juan Pirulo cometió un delito, se presume. Esa sería la corrección periodística y la corrección jurídica, siempre hablar de presunto», explicó.
Cesari Hernández indicó que se trata de un delito que únicamente puede ser cometido por funcionarios públicos. «Si no sos funcionario público no podés cometer este delito», afirmó, y agregó que la condición alcanza a quienes desempeñan funciones en cualquiera de los poderes del Estado, incluso cuando lo hagan ad honorem.
Respecto del caso de Adorni, aclaró que no conoce el expediente, aunque describió el mecanismo que habitualmente da origen a este tipo de investigaciones: «Entiendo que el problema con el ex ministro venía de que alguien empezó a poner de manifiesto que el estatus de vida que estaba llevando no era condicente con el ingreso que se estaba declarando como jefe de Gabinete», sostuvo.
A partir de esa sospecha, explicó, la Justicia puede requerir al funcionario que justifique el origen del incremento patrimonial. «Tiene que demostrar que lo que tiene es lícito. Esa es la discusión», resumió.
El abogado también diferenció este delito de la obligación de presentar declaraciones juradas: «La declaración jurada no tiene nada que ver con el enriquecimiento ilícito», distinguió, al señalar que su incumplimiento configura otra figura penal distinta.
Finalmente, cuestionó la escala de penas prevista por la legislación vigente. «Un enriquecimiento ilícito tiene una pena máxima de seis años. Nada», sostuvo Daniel Cesari Hernández. A su juicio, los funcionarios que traicionan la confianza pública deberían afrontar sanciones más severas. «Me parece que el castigo es poco y deberíamos hablar de penas muchísimas más ejemplificadoras», concluyó.
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